Documentación histórica

Intervención de la Sociedad Civil Las Abejas (Chiapas) (2008)

Las Cuatro Ruedas del Capitalismo: DESPRECIO

Sociedad Civil Las Abejas (Chiapas)

 

Compañeros, compañeras, buenas tardes a todos. El primer punto, les pido disculpas, estoy un poco mal de la tos. El otro es agradecerle al Subcomandante Marcos la invitación personal a la Sociedad Civil de las Abejas, estamos presentes y delante de ustedes.

La tema de mesa: desprecio. Como Sociedad Civil de las Abejas con 16 años que hemos sido desplazados, no sólo sino que varias. El gobierno ha despreciado a las organizaciones indígenas, como ejemplo, por la formación de grupos paramilitares, y desplazamientos, despojos, amenazas y hasta la masacre. Hoy existe una división dentro de la Sociedad Civil de las Abejas fruto del desprecio del gobierno.

Y explica. El desprecio a la organización, aquí tenemos un testimonio de un sobreviviente: Catarina Méndez Paciencia, ella ha recibido siete impactos de bala de alto calibre de uso exclusivo del ejército mexicanos. Ella ha dicho en su propia palabra: “Señor, ¿por qué me mandaste en este mundo? Sería mejor que no hubiera yo nacido, porque en balde vengo a sufrir, tengo una vida infeliz. Me mandaste cuando yo nací en el vientre de mi madre. Y después, por los grupos paramilitares me balacearon y no morí, sería bueno que hubiera yo muerta para no venir a sufrir. Y ahora me quedé inválida. ¿Cómo puedo sobrevivirme así al futuro? No tengo nadie quien me mantiene. Señor ayúdame, señor mío, ayúdame, dios mío ayúdame”.

Esto es lo que ha dicho, con lágrimas diciendo, estas palabras tan tristes y tan dolorosas. Porque sigue teniendo placas en el pie donde le molesta mucho. Ni puede caminar ni en el frío ni en el calor, ni en la bajada ni en la subida. Ahora sigue andando con sus bastones en la mano.

El desprecio sigue y aquí, el 22 de diciembre, en la conmemoración de los 11 años después de la masacre. Y María va a echar la lectura.

María: Bueno compañeros y compañeras, voy a leer un escrito aquí. Falta de respeto a los mártires que se use el aniversario 11 para engañar. Sabines ni invitado, ni bienvenido a ceremonia por matanza de Acteal. En la comunidad de Acteal, el día 22 de diciembre, en vísperas del décimo primer aniversario de la matanza de Acteal. La organización de la Sociedad Civil Las Abejas, en sus propias palabras, aprovechó la oportunidad para decir que en el décimo aniversario el gobernador Juan Sabines Guerrero quería ir a Acteal, según él a dejar flor para los mártires. Y resulta que, en el contexto de este aniversario, hemos escuchado que irá a inaugurar la nueva carretera de la cabecera municipal de Chenalhó a Acteal.

Puntualizamos. Queremos dejar bien claro, este gobierno de Sabines no ha hecho mas que dividir a organizaciones sociales, comprando a dirigentes y conciencias mediante puestos públicos y programas asistencialistas. Pero con nosotros no se juega. La justicia y la dignidad no se venden ni se cambian por un hueso. La organización que sigue exigiendo justicia y castigo a los verdaderos actores intelectuales de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, cuestiona ahora al mandatario chiapaneco.

Esto es coincidencia o que es para confundir a la opinión pública que el gobierno de Chiapas está cumpliendo con la justicia. Otra vez, otra acción como lo hizo el año pasado, cuando detuvo al paramilitar Antonio Santiz Pérez López que trató de pasarlo como actor intelectual de la masacre y, al rato, lo liberaron.

A la vez, las Abejas invita a la conmemoración a las personas de buena fe y que están comprometidas en la búsqueda de la justicia y la paz. Añaden que, en nombre de la sangre de nuestros hermanos y hermanas, rechazamos toda acción que se haga para usar el nombre de nuestra organización y nuestros mártires de Acteal. Nos da tristeza e indignación que aquellas personas que usan el nombre de Las Abejas y de los mártires, porque sólo les gusta pedir pero para la justicia no quieren saber nada.

En los meses recientes se ha generado una estrategia legal y mediática para liberar a los detenidos por aquellos hechos, y que son la mayoría de los actores materiales de la masacre. Al mismo tiempo, los responsables de más alto nivel: el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el ex gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro disfrutan de un cómoda impunidad a los ojos del mundo.

Las Abejas ponen sobre aviso a nuestros amigos y a la opinión pública, para que no se dejan engañar por el manejo que los medios de comunicación van a querer dar. Aunque esté presente en la carretera, frente a Acteal, el gobernador Sabines no ha sido invitado, ni es bienvenido a esta tierra sagrada de los mártires. Su presencia, con engaños, es otra falta de respeto a su memoria. Gracias.

(El primer compañero) Tenemos otra lectura sobre la prevista liberación de los doce que están en el penal de Amate, de Cintalapa de Figueroa. Está apoyando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha recogido todo el testimonio de los desplazados, sobrevivientes en Acteal al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que yo no puedo leer. Lo voy a prestar a alguien que me echa la lectura.

(Otro compañero) Este es el último comunicado que sacó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el 22 de diciembre de 2008.

El 2 de julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer los amparos de doce inculpados en la masacre de Acteal. Esta decisión fue el desenlace de una campaña mediática promovida por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) quien ha asumido la defensa de los paramilitares.

La ministra Olga Sánchez Cordero señaló en su dictamen que el asunto de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como la matanza de Acteal, el genocidio de Acteal, crimen de lesa humanidad, etcétera.

Pareciera que el interés está puesto en la masacre misma, pero no es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a ver, ni a pronunciarse por la responsabilidad material e intelectual de la masacre, sino por los procedimientos penales de los sentenciados como autores materiales.

El CIDE señala que Acteal es un ejemplo de denegación de justicia, puesto que, a diez años, la mayoría de los inculpados no recibían aún una sentencia. Que se permitió a las autoridades ministeriales, inventar testimonios, desestimar pruebas periciales, desechar testigos de descargo e incluso las confesiones de autores materiales de la matanza, entre otras. El CIDE defiende su inocencia, dicen que los acusados fueron condenados por el simple hecho de que las pruebas fabricadas llevaban a pensar que los acusados estuvieran presentes en el lugar donde se cometió el delito.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Frayba, que ha llevado la representación legal de las víctimas y sobrevivientes de la masacre en Acteal, ante las instancias de procuración y administración de justicia mexicanas, ha sido el primero en señalar las irregularidades en el proceso que han llevado, en última instancia, a la impunidad. Es por ello que, junto con los agraviados, es decir, los deudos, los sobrevivientes y la organización Sociedad Civil las Abejas, ha elevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A los indígenas presos por la masacre de Acteal se les ha procesado y sentenciado, a pesar del sistema de justicia. Contra viento y marea ha sido posible, después de diez años, que terminen los juicios en primera instancia. Las fiscalías especiales, creadas por la Procuraduría General de la República en tiempos de Zedillo, fueron cerradas dejando mucha dudas y líneas de investigación inconclusas, que apuntaban hacia la responsabilidad de funcionarios públicos de niveles medios y superiores, incluido el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Los expedientes se trasladaron a la jurisdicción estatal que, entre fiscalías que van y viene, duermen el sueño de los impunes. El poder judicial ha sido parte de la impunidad. Ya en su momento, se negó a atraer el caso. Sistemáticamente le ha otorgado amparo a los paramilitares por el delito de asociación delictuosa o delincuencia organizada. Irónicamente, a pesar de la abundante evidencia de ser una banda criminal.

El representante común de los doce amparados, Javier Angulo Novara, señala que el Poder Judicial de la Federación es el único sendero en la construcción de una sociedad democrática y que la Corte ha venido cumpliendo este papel al resolver los casos de los ciudadanos. Para justificar que la defensa de los paramilitares constituye un caso emblemático. Sin embargo, cabe preguntar: ¿dónde queda la verdad, un juicio justo, la reparación y las medidas de no repetición para los 45 muertos, los lesionados, sus familiares? ¿Dónde la satisfacción del agravio de la sociedad entera?

El CIDE equivoca su análisis y su intención al escoger a los presos por la masacre de Acteal para su litigio estratégico. Primero, porque existirían muchos más casos que señalarían las mismas deficiencias y que, a la vez, constituirían agravios serios a la sociedad y a la democracia. Baste pensar en Atenco y Oaxaca, por ejemplo. Segundo, porque a pesar de las deficiencias, los doce paramilitares presos son culpables. Lo que implicaría, contrario a cualquier sentido ético, que estarían aprovechando las deficiencias del sistema de justicia para liberar a criminales.

De los más de 80 sentenciados y presos por la masacre, han escogido a doce de ellos, porque se supondrían que son los casos más emblemáticos de las deficiencias del sistema de justicia y los más claramente inocentes. Ellos son: Alonso Jiménez, Elías Luna, Florentino Pérez, Julio Entzin, Rafael Luna, Sebastián Méndez, Pablo Girón, Alonso López, Andrés Méndez, Lorenzo Ruiz, Mariano Pucuj Luna y Antonio Pucuj Luna.

De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, los sobrevivientes, todos ellos participaron en la masacre del día 22 de diciembre de 1997, en Acteal. No son testigos de oídas. Sus declaraciones constan en los expedientes judiciales, desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos.

Exponemos ahora algunos de los testimonios que se encuentran en los expedientes que señalan la culpabilidad de los doce paramilitares en su participación en la masacre.

Testimonio del 5 de febrero de 1998: “Dice que a las 11 horas, el 22, él se encontraba en el campamento de desplazados Los Naranjos, donde estaban alrededor de 300 personas orando y en ayuno. Se escuchaban disparos a lo lejos, él salió del campamento para ocultarse, dirigiéndose a una zanja que está en una cañada, cerca de un arroyo seco. Se escondió detrás de una piedra grande de donde no salió por miedo. En este momento, llegando personas armadas disparando a la gente que estaba en la cañada. Vio que dichas personas disparaban a una distancia de 10 metros de donde él se encontraba, utilizaban armas largas de color negro y se escuchaban fuertes disparos.

“Estuvo como dos horas escondido. Identificó a algunos de los agresores, entre los que recuerda a: Javier Luna, Manuel Pérez y Lorenzo Gómez. Recuerda, además, de La Esperanza a: Moisés Luna Oyalte, Agustín Luna, Abel Luna, Sebastián Gómez, Elías Luna, Sebastián Luna, Manuel Luna, Antonio Luna. Todos éstos disparaban contra la gente en Acteal. Utilizaban el cabello corto con un paliacate en la cabeza. Vestían con ropa obscura.

“Los logró identificar mientras se encontraba oculto detrás de una piedra. Los vio a una distancia de 20 metros. Los identificaba sin temor a equivocarse, porque son personas conocidas. Antes, vivían en la misma comunidad que él, pero se fueron a La Esperanza. También se puede señalar a otras, pero desconoce sus nombres. Cinco de sus familiares perdieron sus vidas.

“Considera que el motivo de la agresión se debió a que tanto él como los que viven en su comunidad dejaron de ser del PRI. Por lo cual, estos agresores exigían que regresaran a este partido. Las personas que presionaban por esto era Miguel Luna Pérez, líder del partido y de Los Chorros. Una semana antes de los hechos, les dijo que regresaran o iba a haber bronca”.

Testimonio del 23 de diciembre de 1997: “Que el día 22, aproximadamente a las 11 horas, fue con su esposa Rosa Pérez Pérez y la señora Manuela Vázquez Pérez a Acteal, a la iglesia. Una reunión de oración convocada por Las Abejas. Había 330 personas. Al transcurrir unos 10 o 15 minutos de oración, se presentaron un grupo de integrantes del PRI, armados con armas de alto poder y largas. Todos se echaron a correr hacia una puerta en el altar de la iglesia. Corriendo sintió que le dispararon en la espalda, en el brazo izquierdo y en la pierna derecha. Pudo correr afuera de la iglesia, donde también había gente armada con uniformes de seguridad pública, quienes disparaban. Se escondió en un monte. Después de dos horas, llegaron elementos de la Seguridad Pública, quienes lo llevaron al hospital. Pudo reconocer a los agresores que son originarios de Los Chorros, La Esperanza, Chimix, Canolal, Pechiquil, Acteal y Quextic”.

Testimonio del 25 de diciembre del 1997: “Ese día se encontraba ahí, a las once horas, reunidas trescientas personas, escuchó disparos, vio que impactaban en las paredes de la iglesia, todos corrieron. Él corrió a esconderse a una pequeña cueva, a 100 metros, junto a seis muchachos. Oían los disparos y los gritos, taparon con armas la cueva. Lo llamó una persona con arma larga. Sebastián Luna, quien reconoció como su vecino. Éste le preguntó a qué partido pertenecía. Le dijo el PRI. Éste lo escuchó entre las ropas y le indicó que lo acompañara al arroyo para que identificara a Las Abejas. Le dijo que no conocía a ninguno.

“Dice que siete de las quince personas portaban armas largas y vestían pantalones de color negro. Que reconoció a Sebastián Luna, Victoria Oyalte y Armando Vázquez Luna. Éste último disparaba. Vio que llevaba un rifle cuerno de chivo. Le dijeron el nombre del arma los otros agresores, con quien él habló. Después huyó. Que reconoce a las siguientes personas como las que portaban armas y disparaban: Javier Vázquez, Armando Vázquez, Armando Guzmán, Ignacio Guzmán, Alonso López y Juan Nicolás Vázquez”.

Estos son extractos de testimonios de algunos de los sobrevivientes y que, en su momento, los jueces de las causas consideraron suficientes para fincar responsabilidad a las doce personas que ahora acuden a la SCJN solicitando su amparo. Este Centro de Derechos Humanos considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá valorar que, de ser ciertas las faltas al debido proceso que alegan, no implica la inocencia de los procesados. Su tarea principal será no abonar a una mayor impunidad a 11 años de cometido este crimen de lesa humanidad.

La contundencia de los hechos previos que llevaron a la masacre y, por supuesto, ésta en sí misma constituyen un crimen de lesa humanidad, que se perpetran en el marco de la implementación de una estrategia de carácter contrainsurgente. Obviar esto, por parte de la SCJN y de los magistrados que la integran, a lo único que llevará es convertirse en cómplices y sumarse en la lista de perpetradores de violaciones de derechos humanos por la masacre de Acteal y a debilitar aún más a las ya débiles instituciones del Estado Mexicano.

Conclusiones: A once años de perpetrada la masacre de Acteal, este centro de derechos humanos insiste en la responsabilidad del Estado mexicano, por las siguientes razones: El Estado mexicano es responsable por acción, ya que dicha masacre fue producto de una política de Estado totalmente deliberada y encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al EZLN y posteriormente disolverlo.

En la implementación de dicha política contrainsurgente el Estado creó, financió, entrenó y encubrió a grupos paramilitares para cometer ataques sistemáticos contra la población civil.

El Estado mexicano es responsable por omisión, pues mientras ocurría la masacre la policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación.

Asimismo, autoridades del gobierno de Chiapas fueron informados de lo que ocurría esta mañana del 22 de diciembre, sin que actuaran en consecuencia.

El Estado mexicano es responsable por dilación y denegación de justicia porque:

1. El derecho a conocer la verdad de los hechos ha sido negado. Pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente, ni a la existencia de grupos paramilitares. El Estado mexicano se ha negado a reconocer las causas que dieron origen a la masacre, propiciando con ello impunidad.

2. Los autores intelectuales, como el entonces presidente de la República: Ernesto Zedillo, el secretario de la Defensa Nacional: general Enrique Cervantes, y el comandante de la séptima zona militar y de la Fuerza de Tarea Arcoiris —que llevó a cabo el plan de campaña Chiapas 94—, Mario Renán Castillo, entre otros, no han sido investigados y, en consecuencia, tampoco castigados.

A once años de la masacre, aún hay causas penales abiertas. Los juicios se han extendido excesivamente debido a omisiones imputables al propio Estado, implicando con ello el desgaste de los sobrevivientes y testigos. Aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutar. Sólo una de las sentencias que han quedado firmes para cumplimentarse condenó a unos de los autores materiales al pago de la reparación del daño por algunos de los ejecutados.

No han sido implementadas las medidas que garanticen a la no repetición de hechos como esta masacre, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares.

La lucha y acciones contra el olvido y la impunidad es fundamentalmente de los pueblos, quienes, ante la ineficiencia del sistema de justicia y las sistemáticas violaciones de derechos humanos, en la que tienen responsabilidad diferentes agentes del Estado mexicano, seguirán alzando la voz y siendo memoria de historia viva, que no permitirá que hechos como la masacre de Acteal queden como historia muerta, que el sistema necesita.

Aquí recordamos a algunos de los principales responsables de la masacre de Acteal. Todos ellos funcionarios públicos con cargos en la administración federal y estatal en el año de 1997. Funcionarios federales: Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República mexicana. Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación. El general Enrique Cervantes, secretario de la Defensa Nacional. Mario Renán Castillo, comandante de la Fuerza de Tarea Arcoiris.

De los funcionarios estatales: Julio César Ruiz Ferro, gobernador del estado de Chiapas. Homero Tovilla Cristiani, secretario general de Gobierno. Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario general de Gobierno. Marco Antonio Besares Escobar, procurador general de la Justicia del estado. David Gómez Hernández, subprocurador de Justicia Indígena. Y de los funcionarios municipales: Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó.

(El primer compañero de Las Abejas) Bueno, éste es el testimonio, o lo que se ha recogido, la palabra de los sobrevivientes en Acteal. Que ahora sigue siendo una herida abierta y la sociedad civil no se ha quedado, sino que vamos a seguir exigiendo y organizando por la campaña contra la impunidad. Entonces, todo lo que se dijo, lo que se platicó.

Tenemos el video de Acteal, que dura 45 minutos. Es lo que vimos ayer, anoche. Pero si ustedes tienen el gusto de comprarlo, conocerlo. Aquí lo tenemos. Y también tenemos el poster del 22 de diciembre, apenas que pasó. Entonces, ése es lo que vamos a distribuirlo para que ustedes tengan en su conocimiento este poster, recordando la sangre de nuestros mártires de Acteal. Que es donde se dio pa’ bajo de la guerra de la baja intensidad, en 1997.

Este es toda nuestra palabra, compañeras y compañeros. A todos y a todas, muchísimas gracias por escuchar nuestro testimonio.