Documentación histórica

Intervención de Raúl Zibechi (2008)

Descargar PDF

Los Otros Caminos: Otra Historia, Otra Política

Raúl Zibechi

28 de diciembre de 2008

 

(Ponencia entregada por escrito)

¿Autonomía o nuevas formas de dominación?

Buenas noches a todos y a todas. Agradezco al EZLN la invitación a estar aquí. Y la creación de este espacio de intercambio de dignidades y de rabias. Voy a hablar de un tema que, a algunos en el Cono Sur, en Sudamérica, nos obsesiona que es: la compleja relación entre gobiernos y movimientos. Los problemas de la autonomía, las dificultades que atraviesa, y las nuevas formas de dominación que existen hoy en estos países.

Primer cosa que quiero tocar: la existencia de un nuevo mapa político. En este mes de diciembre, se cumplen diez años del triunfo electoral de Hugo Chávez, en Venezuela. (6 de diciembre de 1998) Ese triunfo electoral inauguró un nuevo período político, caracterizado por el nacimiento de gobiernos auto proclamados progresistas o de izquierda en América del Sur. No es buenos olvidar que la llegada al gobierno de Chávez, fue resultado de un largo proceso de luchas de los de abajo que, desde el Caracazo de febrero de 1989 —la primera gran insurrección popular contra el neoliberalismo—, hicieron entrar en crisis el sistema de partidos sobre el que se había apoyado la dominación de las élites venezolanas durante décadas.

Y en los años siguientes, llegaron al gobierno siete presidentes en Sudamérica que sintetizan —siete presidentes más, ocho de diez— los cambios en el escenario político-institucional. Los cambios en el escenario del arriba: Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y, ahora, Fernando Lugo en Paraguay. Es casi un lugar común, y es cierto, decir que estos gobiernos fueron posibles, en mayor o menor medida, por la resistencia de los movimientos al modelo neoliberal.

En algunos casos —se pueden establecer dos grandes corrientes—, la llegada de estos gobiernos es producto de un largo proceso de acumulación electoral (notablemente en Brasil y en Uruguay). Mientras que en otros países, es la acción directa de los movimientos la que fue capaz de destituir gobiernos y de poner en retirada a los partidos neoliberales (notablemente en Bolivia, Ecuador, Venezuela y, en gran medida en Argentina).

Sin embargo, pese a que son dos corrientes, o dos tendencias, o dos procesos distintos, es posible encontrar aspectos en común entre ambos, hoy. Y, en la medida que ya se cumplen diez años de que se inauguró este cambio en el mapa político regional, también es bueno hacer un breve balance de lo que está ocurriendo, desde la mirada de los movimientos, por supuesto.

La primer cuestión en común: la recuperación de la centralidad del Estado, convertido hoy en sujeto de los cambios, en la mayoría de estos ocho países.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la marginación de los movimientos que, en la década del noventa, fueron los protagonistas centrales de la resistencia al modelo neoliberal.

Tercer cuestión en común: El conflicto principal pasó a ser ya no entre los movimientos y los gobiernos, sino entre los gobiernos y las derechas. Un cambio que arrastró a los movimientos a un torbellino estatista, del que una porción mayoritaria aún no ha podido salir.

Y cuarta cuestión en común: Existen hoy tendencias, más o menos dispersas pero firmes, que apuntan a la recuperación de los movimientos, sobre nuevas bases y en base a nuevos temas y formas de intervención. Quiero decir que está surgiendo una nueva generación de movimientos en la mayor parte de los países.

Estamos —a mi modo de ver— ante el ocaso de los gobiernos, o de la década “progresista”. Y digo ocaso porque —a mi modo de ver— los cambios posibles que prometieron y que anunciaron, han mostrado las limitaciones que hoy, una década después, podemos ver. Y creo que para nosotros y para los movimientos es tiempo ya de comenzar a sacar cuentas, de hacer un balance de los beneficios y las pérdidas que significó para el campo popular.

Segunda cuestión que quiero tocar: Los riesgos —que son más que riesgos— de la subordinación a estos gobiernos progresistas y/o de izquierda. En una primera etapa, cuando los gobiernos se instalan, predominó —para mí— la subordinación de los movimientos a los gobiernos o bien la desmovilización, la división y la fragmentación. Se puede decir que en la mayor parte de los países, sólo pequeños núcleos se mantuvieron en un enfrentamiento abierto, en una posición de movilización permanente, mientras la mayor parte osciló entre la colaboración, muchas veces a cambio de subsidios o de otros beneficios materiales, sin desestimar que muchos dirigentes de los movimientos obtuvieron cargos en instituciones estatales. Y una parte importante de los colectivos se disolvieron.

No en todos los países sucedió esto. En algunos países, notablemente en Chile, en Perú y en Colombia, los movimientos están experimentando una importante actividad, y están ocupando un lugar destacado en el escenario político. El pueblo mapuche, en Chile, se está reponiendo de los estragos de la ley antiterrorista, heredada de Pinochet, pero convenientemente reactivada por el “socialista” Ricardo Lagos. Y, junto a los estudiantes secundarios y sectores de trabajadores (sobre todo de la minería y de la forestación) están reactivando la lucha social.

La democracia tutelada chilena que, durante casi dos décadas, está siendo gobernada por una fuerza que se proclama progresista, demostró durante mucho tiempo toda su capacidad de aislar y de criminalizar la protesta. Pero desde el año 2006, los movimientos están tomando nuevamente la iniciativa, frente a un Estado excluyente y racista y represivo.

Las comunidades indígenas peruanas, las comunidades afectadas por la minería, han puesto en pie una organización de nuevo tipo, Conacami, que resiste con enorme vigor y con un alto costo en vidas y en presos, la actividad minera genocida, que asesina contaminando aguas y haciendo irrespirable el aire para engordar las ganancias de las multinacionales. Conacami es una organización de base comunitaria e indígena quechua que, junto a otras organizaciones andinas, siguen resistiendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y al gobierno de Alan García.

En Colombia, el tercero de estos países que mencionaba, la larga lucha del pueblo nasa —que hoy, lamentablemente no han podido estar aquí porque no se les ha concedido la visa que necesitan los colombianos para entrar a México—, nucleado en la Asociación de Cabildos Indígenas y en el Consejo Regional Indígena del Cauca, ha fructificado en los últimos meses de una forma notable. La Minga indígena, en la que confluyeron decenas de pueblos, lanzada en octubre en el Cauca, quebró el cerco militar y la militarización de la sociedad que había mantenido paralizados a los pueblos y a los movimientos. Junto a los indígenas, se movilizaron también los cortadores de caña de azúcar, en su inmensa mayoría afrocolombianos, y trabajadores de los servicios y de las organizaciones barriales y de los derechos humanos, tejiendo una alianza nueva en Colombia, que ha puesto a la defensiva al gobierno de Uribe. Que utiliza el Plan Colombia para poner las riquezas del país al servicio de las multinacionales.

Creo que el ejemplo de estos movimientos, nacidos y crecidos en la adversidad, puede ser un buen ejemplo de inspiración para los demás movimientos de Sudamérica. Y quiero mencionar dos hechos —uno ya lo mencioné y lo quiero reafirmar—, dos hechos importantes que muestran cómo se puede crecer en la adversidad—: El primero es la larga huelga de hambre de Patricia Troncoso, dirigente mapuche entre noviembre de 2007 y enero de 2008, y la Minga indígena colombiana. Ambas comparten una potente vocación de atravesar el aislamiento, de superarlo, de atravesar esta suerte de genocidio “blando”, planificado para hacer desaparecer a estos pueblos del mapa, para silenciar su existencia como pueblos.

En otros países, la situación es bastante más compleja. Quizá el caso más emblemático, de esta complejidad, sea Argentina —no es el único, en el mío también hay una enorme complejidad, desde la mirada de los movimientos—. En Argentina, la mayor parte del movimiento piquetero fue cooptado por el Estado, a través de planes sociales y de la designación de dirigentes en cargos de gobierno. Incluso, un sector muy importante del movimiento de derechos humanos, que había jugado un papel muy destacado, en la década de los noventa, en la resistencia al modelo neoliberal se convirtió al oficialismo y pasó a defender, sin fisuras, las políticas gubernamentales. Y una parte considerable de las asambleas barriales desaparecieron.

Sin embargo, están surgiendo otros movimientos importantísimos. En los últimos cinco años, han surgido infinidad de colectivos vinculados a los temas que plantea esta segunda oleada neoliberal. Hubo una primera oleada privatizadora, desreguladora. Esta segunda oleada está vinculada a la minería a cielo abierto, a forestación, a los monocultivos de soja, al control de la vida. Nacieron en la Argentina unas cien asambleas locales contra la minería (algunas muy pequeñas, pero muy activas) coordinadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que se ha convertido —a mi modo de ver— en uno de los actores más interesantes y más activos de estos tiempos en resistencia —también como Perú—a la minería multinacional.

Por otro lado, los campesinos y pequeños agricultores formaron el Frente Nacional Campesino, integrado por 200 colectivos, que representan a la agricultura familiar y comunitaria enfrentada al avance de la soya. Una articulación que agrupa a viejos movimientos sociales del campo, como el Mocase, junto a otros nuevos, incluso a grupos de agricultura urbana de las periferias de las grandes ciudades.

En Brasil, de más está decir, los movimientos atraviesan una larga etapa defensiva, agudizada desde la llegada al gobierno, de Lula. Y en Uruguay, pese al fortalecimiento relativo del movimiento sindical, en gran medida por la protección estatal a los dirigentes sindicales, los movimientos están lejos de ser un actor antisistémico importante, y la organización de los pobres urbanos aún es muy fragmentaria y muy local. Tanto en Uruguay como en Brasil, y en Argentina y en Chile, creo que los planes sociales son, en gran medida, responsables de la actual debilidad de los movimientos.

En Bolivia, por otro lado, y esto es saludable a mi modo de ver, la situación es —pese a estas dificultades— diferente. Los movimientos no han sido derrotados, mantienen una importante capacidad de movilización y de presión sobre el gobierno y sobre las derechas. Creo que la crisis de septiembre fue resuelta a favor de los sectores populares, gracias —mucho más que al gobierno— a la intensa actividad de los movimientos, entre los que se destacó el cerco indígena y campesino a la ciudad de Santa Cruz, y la resistencia de un barrio enclavado en la ciudad de Santa Cruz, esa ciudad oligárquica y mestiza, al llamado Plan 3000. Una periferia pobre quechua y aymara.

Como señala Raquel Gutiérrez, creo que en la actitud de los movimientos bolivianos en esta coyuntura “se nota un nuevo margen de autonomía política recuperada ante las decisiones gubernamentales”. Toda vez que han comprendido que el gobierno será incapaz de detener a la oligarquía, “pero no están, al menos tendencialmente, dispuestos a subordinarse a que el gobierno les garantice lo que anhelan”.

Creo que, en general, en nuestro subcontinente en Sudamérica, junto a la lucha y a la presión de los movimientos, aparece una nueva lógica estatista, sobre todo en los países gobernados por fuerzas progresistas y de izquierda. Una lógica estatista defendida y asentada en las burocracias estatales (militares, judiciales, ministeriales, municipales). Y esas burocracias son, naturalmente, enemigas de los cambios. Y en el caso boliviano, de la proclamada refundación del Estado, para superar el colonialismo interno.

Y a esto se suma la existencia de partidos en el gobierno, integrados por una amplia camada de funcionarios electos (diputados, senadores, concejales, alcaldes) y no electos (ministros, cientos de asesores), cuya mayor ambición no es cambiar al mundo, sino perpetuarse en esos cargos.

Y, en tercer lugar, lo que quería tocar es cómo a raíz del nacimiento de estos nuevos gobiernos, de estos gobiernos “progresistas” y de “izquierda”, aparecen nuevas formas de dominación. Esas nuevas formas de dominación tienen un eje. Y ese eje son —a mi modo de ver— los planes sociales. Yo no creo que podamos salir adelante sin superar la dependencia y la subordinación de los movimientos hacia estos gobiernos. Sin comprender que lo que llamamos “izquierda” o “progresismo” implica la puesta en marcha de estas nuevas formas de dominación. Les tocó a ellos, pero no podemos obviarlas. Destinadas a “integrar” a los pobres, a convertirlos en ciudadanos. Y estas formas de dominación nuevas juegan un papel destacado en lo que son hoy las formas de control social a cielo abierto.

Hace muy pocos días, antes de venir aquí, tuve una entrevista —yo trabajo de periodista— con un alto cargo del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Y les transcribo un pequeño fragmento del diálogo, para sacar algunas conclusiones.

—Nosotros —dice este alto cargo— entendemos las políticas sociales como políticas emancipadoras y no para disciplinar a los pobres.

—¿Esa es su opinión personal o es opinión de todo el ministerio?

Este señor, un intelectual, vinculado a una agencia intelectual latinoamericana, se inclina sobre la mesa, habla muy lentamente y dice:

—Es patrimonio del gobierno nacional, no sólo del Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno nacional (el de Tabaré Vázquez) no vino acá para aplacar a los sectores sociales más pobres, vino para generar oportunidades de integración y de emancipación.

Difícil el diálogo ¿verdad? Difícil, porque estos planes sociales, que en cada país tienen nombres distintos, pero tienen un diseño muy similar. En Brasil, es el plan Hambre Cero, Bolsa Familia. En Uruguay, es el Plan de Emergencia; ahora se cambió y se llama Plan de Equidad. Plan Jefes y Jefas, en Argentina. Utilizan el mismo lenguaje que nosotros, que los movimientos.

Quero decir que estos nuevos modos de dominación, que voy a mencionar brevemente, no están ya totalmente diseñados, están en permanente diseño y rediseño, en el cual la interacción del Estado y de las organizaciones no gubernamentales es fundamental. Quiero mencionar tres aspectos centrales para mí, de esta nueva realidad:

La primera: El fin de la vieja derecha. Estos nuevos gobiernos, nacidos de la crisis de la primera etapa neoliberal, sólo pueden asentarse destruyendo las bases de dominación tradicional de las viejas derechas, que habían tejido amplias redes clientelares en base a caudillos locales. Y sobre esas bases, mantenían también su control político del aparato estatal y del sistema electoral.

Los movimientos nacieron en combate contra esas élites clientelares. El caso piquetero es muy claro: nacieron arrebatándole el control de los planes sociales a los llamados punteros y manzaneras. Los nuevos gobiernos locales tienden, con mayor o menor énfasis y éxito, en desplazar a esas redes, aunque también se apoyan en ellas, para colocar en su lugar a las burocracias estatales. Quizá ésta sea la única acción, en el terreno social, verdaderamente progresista de estos gobiernos.

Segunda cuestión: Las nuevas formas de dominación, las nuevas formas de control, ¿en qué consisten? La disciplina en espacios cerrados entró en crisis, porque la hicimos entrar en crisis. Por la insubordinación, en el cuartel, en el taller, en la escuela, en el hospital. Y eso forzó al capital y a los Estados a ir creando, inventando, nuevas formas de control a cielo abierto, poniendo en el centro la problemática de la población y de la seguridad, tal como lo estudia Michel Foucault.

Los cambios registrados en el mundo popular, la deserción masiva de los pobres de las instituciones de disciplinamiento, de la escuela, la rebelión en las fábricas, impusieron este viraje. Los planes sociales implementados directamente por el Estado, pero no ejecutados directamente por el Estado, sino por los funcionarios y las funcionarias de las ONGs, son la forma como las nuevas formas de dominación ingresan a los territorios y a los espacios opacos para la disciplina.

En esos sitios, el Estado se vuelve capilar. Llega a las barriadas que se habían convertido en bastiones de las revueltas, para trabajar en una relación de interioridad. Con los mismos sectores que se habían organizado en movimientos, pero ahora para desorganizarlos. Su presencia —la del Estado en esos lugares— ya no reviste sólo, ni principalmente en muchos casos, la forma brutal de la represión policial —que no desaparece—, sino la más sutil del “desarrollo social para la integración y la ciudadanía”. Para eso, las ONGs ponen al servicio del Estado los saberes acumulados durante décadas de “cooperación”, construidos a menudo en base a las prácticas “participativas” de la educación popular.

Esto quiere decir que tenemos ahora una legión de funcionarios y funcionarias muy jóvenes, que ya no esperan a los niños en las escuelas, a los pacientes en los hospitales, sino que van directamente a los territorios de la pobreza y de la rebeldía. Y tienen algo que les facilita la tarea: conocen los modos de los sectores populares desde adentro, porque han trabajado mucho con ellos, porque una buena parte ha participado con ellos en la resistencia al modelo. O sea, muchos de esos funcionarios y funcionarias o han sido militantes o, por lo menos, han estado estrechamente vinculados a la militancia.

Podemos decir que los planes sociales son instrumentos de control en base a un dispositivo biopolítico, por el cual el Estado clasifica a las personas en base a carencias ahora y restaura una suerte de clientelismo de otro tipo, dirigido por el Estado de carácter científico.

Es cierto que los planes sociales alivian la pobreza —esto no se puede discutir—, pero no modifican la distribución de la renta, ni evitan la concentración de ingresos, ni transforman los aspectos centrales del modelo. Pero, al afectar la capacidad de organización de los movimientos, bloquean su crecimiento y, de ese modo, son funcionales a la guerra neoliberal por la conversión de la vida en mercancía. Llama la atención que la casi totalidad de los intelectuales de izquierda de Sudamérica consideran a los planes sociales como un logro, como una conquista, del progresismo.

Tercero y último: Esto supone una brutal ofensiva contra la autonomía de los movimientos. Ahora, los Estados adoptan el lenguaje de los movimientos. Dicen, incluso, fomentar la autonomía crítica de los pobres. Crean formas de coordinación para que los movimientos participen, incluso, en el diseño de los planes sociales. Los involucran en la aplicación de políticas locales. Nunca generales, nunca aquellas que puedan cuestionar al modelo.

Los usan para realizar un diagnóstico participativo del barrio o del pueblo. O sea, como mano de obra barata. Incluso, les encargan la ejecución del trabajo asistencial local —a los movimientos, incluso, en muchos casos—, para lo que aplican una política del Banco Mundial llamada de “fortalecimiento organizativo”, que supone elegir qué organización de base puede estar apta para ser subordinada al ministerio correspondiente.

Todo esto busca crear Estado en las prácticas cotidianas de los sectores populares, justo allí donde ellos habían aprendido a crear movimientos. Creo que los planes sociales —por lo que conozco— se dirigen al corazón de los territorios que generaron las revueltas en la década de los noventa y a principios de 2000. Y, por eso, podemos considerar —y considero yo— a estos planes sociales, como parte de la guerra contra los pobres, con las excusa de erradicar la pobreza. Buscan destruir las redes y las formas de solidaridad, de reciprocidad y de ayuda mutua creadas por los de abajo para sobrevivir al modelo. Una vez destruidos los vínculos y los saberes que les aseguran la autonomía, pueden ser dominados con mayor facilidad.

Para terminar, quiero decir que, cada vez que los de abajo desbordan las formas de dominación, aparecen necesariamente otras nuevas, más sofisticadas, más perfeccionadas que las anteriores. Creo que estamos empezando una nueva etapa en Sudamérica, en muchos países. En la cual estamos percibiendo con mayor claridad estos planes sociales y el papel que están jugando en la destrucción de los movimientos.

Y creo que sólo neutralizando estos planes sociales, superando esta ofensiva contra la autonomía del abajo, sólo de esta manera los movimientos pueden volver a ponerse de pie y reemprender el camino de la emancipación. Y creo que, en este trabajo, el zapatismo, con su clara distancia de lo institucional, estatal, es necesariamente un punto de referencia para todas y todos nosotros. Muchas gracias.


Fuente: Disco-Memoria del Festival de la Digna Rabia