Documentación histórica

Intervención de Bárbara Zamora (2008)

Las Cuatro Ruedas del Capitalismo: represión

Bárbara Zamora

28 de diciembre de 2008

 

La represión

Buenas tardes, compañeras y compañeros. Antes que nada, quiero agradecer al Subcomandante Insurgente Marcos, por la invitación que nos hizo para participar en este evento. A todos los compañeros organizadores. Y a los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente, por su hospitalidad.

(A continuación el documento entregado y leído por la compañera)

La represión es un acto o conjunto de actos realizados ordinariamente desde el poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales.

La represión tiene una gran variedad de caras y de formas de manifestarse, como es el caso de las leyes que implican la creación de un estado de excepción permanente, donde todos los derechos y libertades ciudadanas están condicionados, limitados, restringidos y anulados por la intervención de la policía y los militares.

El gobierno invoca el estado de derecho y la legalidad para cometer los actos más brutales de represión en contra de todo aquel que reclama y que lucha por un derecho.

Contra aquellos que cuestionan el actual sistema político, económico, social y cultural. Contra el que se organiza y defiende su territorio, sus bosques y sus recursos naturales.

Por otra parte y para darle un tinte de legalidad a la represión los gobiernos adecuan las leyes y las Constituciones, introduciendo procedimientos totalmente alejados del principio de legalidad, el cual es un pilar fundamental del derecho público y conforme a este principio todas las autoridades de todos los niveles y de cualquier jerarquía deben sujetar sus actos.

En nuestro sistema constitucional las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les concede la ley y cualquier acto que no esté autorizado por la ley implica una violación a la garantía de legalidad. El principio de legalidad garantiza a cualquier persona el derecho a no ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Sin embargo, este principio de legalidad lo vemos constantemente violado en múltiples actos de autoridad como es la utilización del ejército en labores policiales de investigación y persecución de delitos, actividad que por mandato constitucional corresponde a la autoridad civil.

La presencia militar en las calles, se traduce en represión en contra de las protestas sociales y en asesinatos contra ciudadanos indefensos con el estúpido argumento de que no se detienen en un retén.

Tenemos también como ejemplo de barbarie y represión policíaca y militar los casos de las comunidades indígenas zapatistas de La Garrucha, Santa Rosalía, San Pedro Polhó, San Jerónimo Tulilha, ejido Morelia, la comunidad de Soḱon, comunidad de San Antonio y comunidad de San José, comunidad de Chincultik y Miguel Hidalgo, y también en el estado de Morelos la comunidad de Amayuca y Xoxocotla; en todos estos casos la policía federal y estatal y los militares entraron a las comunidades realizando cateos ilegales, allanado domicilios, realizando detenciones arbitrarias, asesinando campesinos y destruyendo y robando lo que encontraban dentro de las viviendas.

En todos estos casos la gente reclamaba un derecho legítimo y sin embargo, se aplicó la represión, creando espacios de excepción en los cuales se suspenden de facto las garantías constitucionales de seguridad jurídica, de petición, de manifestación, de inviolabilidad de domicilio y de legalidad.

En estos espacios de excepción las autoridades pueden hacer de todo y todo acto de represión lo ejercen sin ninguna atadura jurídica, porque la persona es tratada como simple existencia física, despojada de su status jurídico de ciudadano.

El filósofo Giorgio Agamben dice al respecto que “existe una suspensión de todo orden legal, un verdadero vacío jurídico, donde el estado de derecho es desplazado por el estado de excepción, dejando libre de toda atadura y de todo limite a la violencia policíaca y militar.”

En México, estos espacios de excepción ya no serán sólo de hecho, sino también de derecho, porque ahora los legisladores, supuestos representantes de los ciudadanos, han aprobado un paquete de reformas a la Constitución Federal.

Esta reforma constitucional se da en el contexto de una falsa lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo y en virtud de un mandato del gobierno de Washington a través de la llamada Iniciativa Mérida, que implica la realización de reformas constitucionales de acuerdo a los intereses de ese gobierno y en contra de los principios esenciales que establecía nuestra Constitución.

Esta reforma constitucional penal forma parte de las llamadas reformas estructurales en materias educativa, fiscal, laboral, energética y de la seguridad social, que han sido pactadas supranacionalmente.

La reforma constitucional restringe derechos fundamentales e irrenunciables como el de asociación, de reunión, el derecho a no ser sometido a torturas, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, en el domicilio, en la familia, en la correspondencia, a contar con un recurso efectivo de defensa ante los tribunales. En resumen, significa la instauración permanente del Estado de excepción, que es contrario al Estado de derecho.

Dicha reforma guarda gran similitud con la legislación antiterrorista española de la época del franquismo y con otra ley más reciente llamada popularmente ley de la patada en la puerta y en México llamada Ley Gestapo, en ambas se autorizaba a la policía a entrar a los domicilios privados si tenía la sospecha de que se estaba cometiendo un delito.

Finalmente, se suprimió esta facultad desproporcionada a la policía, pero se le siguen otorgando amplias facultades para realizar la investigación y persecución de los delitos, actuando por cuenta propia sin la intervención del Ministerio Público y como dice la exposición de motivos de dicha ley, sin la camisa de fuerza que representaba la subordinación jerárquica y operativa hacia aquél. La policía podrá recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos delictivos y realizar detenciones sin orden de aprehensión.

Al Ministerio Público también se le amplían facultades, pudiendo ahora ordenar cateos domiciliarios, órdenes de arraigo hasta por 80 días, intervención de comunicaciones privadas, en casos de los llamados delitos graves que la reforma define como “todos aquellos actos que afecten la tranquilidad y la paz pública”.

Por otra parte, se han nombrado ya seis jueces federales denominados “de control” cuyas funciones exclusivas serán autorizar por Internet, por teléfono o por fax ordenes de aprehensión, órdenes de cateo o arraigo, intervención de comunicaciones privadas, en casos vinculados con delincuencia organizada.

Sin embargo, el incluir disposiciones sobre delincuencia organizada tiene como finalidad justificar o disimular las limitaciones y restricciones a los derechos y libertades ciudadanas.

Los argumentos de los legisladores para justificar la aprobación de la reforma constitucional fueron los siguientes:

“Los críticos de la reforma dicen que el arraigo viola los derechos humanos porque establece un régimen de discriminación para los ciudadanos considerados miembros de bandas de delincuencia organizada, lo que viola sus derechos humanos. Además, se sospecha que podría utilizarse para reprimir movimientos o luchas sociales, a delincuentes comunes o a cualquier persona”.

“El argumento en contra pretende ignorar la verdadera peligrosidad de la delincuencia organizada, no sólo en México sino en todo el mundo. Hace a un lado el hecho de que existe una Convención Internacional, llamada de Palermo, suscrita por México, en la que se recomiendan medidas como las aprobadas con la reforma. Quienes argumentan que el verdadero objetivo es actuar en contra de movimientos o luchas sociales, desconocen que el gran peligro para el Estado mexicano, como para los demás Estados nacionales, es la amenaza que representan las bandas criminales transnacionales con un gran poder económico, armas y capacidad para amedrentar y corromper a policías, representantes del Ministerio Público, peritos y jueces, y dañar a la sociedad. El reto especial que representan requiere medidas igualmente especiales para combatirlos”.

“Ante el riesgo de que este régimen especial para delincuencia organizada se aplique a movimientos sociales, el poder legislativo dejó muy claro, de manera explícita, que no deberá utilizarse contra movimientos o luchas sociales legítimos”.

Aquí cabe mencionar que la calificación de si un movimiento social es “legitimo” la darán las propias autoridades y, por lo tanto, para ellas ningún movimiento social será legitimo; motivo por el cual se aplicará a estos movimientos el régimen especial para la delincuencia organizada, quedando en un plano meramente retórico, la “recomendación” de los legisladores de que estas medidas no se apliquen a las luchas o movimientos sociales “legítimos”.

En otros países también existen estas leyes antiterroristas, como es el caso de la Ley Patriótica en Estados Unidos, que permite interceptar comunicaciones privadas sin permiso judicial previo, incluidas las que se realizan por Internet o controlar los libros que se solicitan en las bibliotecas.

Estas leyes y disposiciones jurídicas se hicieron para aplicarlas en contra de los disidentes políticos, a los cuales se les considera como enemigos, identificándoles como terroristas, como delincuentes organizados, como secuestradores, teniendo una legislación ad hoc especialmente creada para dar rienda suelta a la represión sin ninguna limitante.

Ante este sombrío panorama de represión, debemos recordar la declaración universal de los derechos humanos que establece que es esencial que los derechos humanos “sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía o la opresión”.

Por lo tanto, al no estar protegidos los derechos humanos de los mexicanos por un régimen de derecho, procede proclamar la rebelión en contra de todas estas reformas que implican la barbarie, la represión y el desprecio absoluto a los derechos humanos y emplazar a los ciudadanos a que se opongan a ellas y no las obedezcan, pues nadie está obligado a obedecer lo que va en contra de sí mismo.

Diciembre 2008