Documentación histórica

Dictan formal prisión a los dos tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a la Sexta (2009)

Los hermanos Antonio y Gerónimo Gómez Sarago, campesinos tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, han sido acusados sin elementos suficientes de robo con violencia, denunció el centro defensor de los derechos humanos.

Hermann Bellinghausen, enviado.
Publicado: 18/09/2009 11:01

San Cristóbal de las Casas, Chis. El juez segundo del Ramo Penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez dictó nuevamente este miércoles auto de formal prisión contra los hermanos Antonio y Gerónimo Gómez Saragos, campesinos tzeltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, “acusados injustamente de robo con violencia y delincuencia organizada”, informó hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), encargado de su defensa.

El caso se deriva de la aprehensión de Gerónimo en abril pasado, y posteriormente la de Antonio y otros cinco ejidatarios de San Sebastián, además de un comerciante, base de apoyo del EZLN del crucero Agua Azul. El gobierno de Chiapas exhibió en los medios a los indígenas como simples “asaltantes de caminos”. Sin embargo, ante las protestas en México y otros países, y lo infundado de los cargos, en las semanas posteriores fueron liberados todos, con excepción de Gerónimo y Antonio.

El 24 de agosto, al resolver la apelación interpuesta por los hermanos Gómez Saragos contra el auto de formal prisión, la autoridad judicial “decidió ordenar la reposición del procedimiento para la práctica de las diligencias de interrogatorio”.

Las diligencias pendientes se llevaron a cabo el 14 de septiembre. “Versaron en interrogatorios para Martha Sánchez López, quien fungió como ‘perita traductora’ de los tzeltales cuando fueron injustamente presos, y para el defensor de oficio Cándido Guzmán López”.

Sánchez López aceptó que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada “no le permitió una entrevista privada con Gerónimo Gómez Saragos previo a que lo hicieran firmar una declaración autoinculpatoria”, ni pudo asistirlo adecuadamente durante su declaración ministerial.

Esto confirma “las violaciones graves al debido proceso legal, por la incomunicación y tortura inferidas a los indígenas desde la averiguación previa”, sostiene el CDHFBC.