Documentación histórica

Intervención de Paulina Fernandez (México). Mesa de la tarde. 5 de enero de 2009

Rabias, resistencias y respuestas: otros caminos hacia la Justicia

Paulina Fernández C.  

Si de rabias hablamos, lo que sin duda provoca el mayor número de casos y la más profunda ira contenida en las sociedades contemporáneas es la injusticia, son las permanentes injusticias que se cometen a diario en todos los ámbitos de la vida individual y social. Es en este campo donde quizá mejor se pueda medir el nivel de bienestar o de malestar de una sociedad, y por ello es también en el campo de la justicia donde debe buscarse el verdadero sentido y alcance de las formas de gobernar, de ejercer la democracia, del actuar de las organizaciones políticas y de los movimientos sociales.
En México nos preguntamos: los gobiernos, los partidos políticos, ¿cómo pueden hablar todos los días de democracia si no existe la mínima justicia en la sociedad que dominan? O vista por sus resultados ¿qué justicia puede haber en un país en el que desde las esferas oficiales se admite que el 98.76 por ciento de los crímenes quedan impunes?[1]
Desde Chiapas queremos iniciar un ejercicio de búsqueda, de reflexión colectiva que nos ayude a averiguar ¿cómo se resiste al sistema de injusticia predominante en este país, que no es ajeno al que predomina en el mundo?, y a la luz de las experiencias de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y de las Juntas de Buen Gobierno, nos atrevemos a responder que con prácticas diferentes, con fundamentos y objetivos distintos, echando mano de conocimientos, de formas de relación, de organización, y de culturas distintas, de muy larga duración. Ejemplos varios, sin que sean modelos a copiar, los encontramos dispersos en pueblos indígenas que con sus saberes han resistido cientos de años en este lado del mundo.
Por ahora no hablaremos de los esfuerzos zapatistas por fortalecer su resistencia practicando otra justicia en el marco de la construcción de la autonomía municipal; es esta una tarea ya iniciada que dejamos pendiente para retomar en un futuro casi inmediato. El destino quiso que nos encontráramos en el camino con otra experiencia novedosa, todavía desconocida para mucha gente y que consideramos adecuado compartir hoy en este Primer Festival de la Digna Rabia. Se trata del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, más conocidocomo Policía Comunitaria (PC) y por las siglas CRAC de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que se desarrolla en la región Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.
Para realizar el trabajo nos planteamos un conjunto de preguntas que guían el orden de esta exposición:
1. Coordenadas del ámbito de estudio:
1.1. Pueblos indígenas en cada caso
1.2. Comunidades, municipios, estados.
2. ¿De dónde surge la necesidad de un sistema propio de seguridad y justicia?
2.1. Antecedentes
2.2. Contexto local y global
3. ¿Cuál es el objetivo de la justicia?
4. ¿Quién se encarga de impartir o administrar la justicia?
4.1. ¿Cómo se nombran o eligen las autoridades encargadas de la justicia?
4.2. Características de los cargos: requisitos personales, elección, duración, rotación, revocabilidad, servicio gratuito, etc.
4.3. ¿Cuál es la autoridad en primera instancia; cuál la segunda instancia jurisdiccional?
5. ¿Qué procedimiento judicial se sigue?
6. ¿Cuáles son los delitos que atiende la justicia comunitaria?
7. ¿Qué tipo de sanciones se imponen?
8. ¿Qué cuerpo o autoridad ejerce funciones de “fuerza pública”?
9. ¿Cuáles han sido los resultados, comparativamente con el sistema de justicia oficial?
10. ¿Se prevé relación de coordinación con las instituciones oficiales?
En el estudio de la CRAC-PC encontramos, en una primera aproximación, las respuestas que exponemos en el texto siguiente.
El Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, (CRAC-PC), funciona en un territorio que -según los últimos datos disponibles-, está integrado por 72 comunidades, de las cuales los Pueblos Mixtecos habitan en 36, los Tlapanecos en 26, los Nahuas en 6, y los Mestizos en 4. Estas comunidades corresponden administrativamente a los municipios de San Luis Acatlán, Metlatonoc, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Tlapa, y Xalpatlahuac, que se localizan en las zonas Costa chica y Montaña del estado de Guerrero. Para la administración de justicia y la operación de la seguridad comunitaria, el territorio se ha dividido en 3 regiones geográficas que se coordinan a través de casas de justicia y seguridad comunitaria, que son: 1) Región de la Montaña Alta (con la Casa de Justicia y Seguridad Comunitaria ubicada en Zitlaltepec, Municipio de Metlatonoc); 2) Región de la Montaña Baja (con la Casa de Justicia y Seguridad Comunitaria ubicada en Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec); 3) Región de la Costa (con la Casa de Justicia y Seguridad Comunitaria originaria, que es también la sede de la CRAC-PC ubicada en San Luis Acatlán, Municipio del mismo nombre).[2] 
Varios autores coinciden en apuntar hacia las políticas neoliberales para indicar las causas que llevaron a crear una Policía Comunitaria. El retiro de subsidios a la producción; la cancelación de mecanismos de apoyo a la comercialización del café, la desaparición de INMECAFÉ; el retiro de mecanismos de financiamiento del tipo de “crédito a la palabra” que operaban las organizaciones campesinas independientes; son algunos de los elementos que ayudan a explicar la crisis en el medio rural guerrerense de la segunda mitad de los años 1980. La de 1986 fue la última cosecha que se vendió en el marco del convenio de cuotas del mercado internacional del café. La desaparición de estas cuotas de exportación provocó el desplome del precio del grano con la consecuente disminución de las ganancias de productores directos, y la pérdida de empleos e ingresos de quienes solían ser contratados para levantar las cosechas. La crítica situación económica predominante pronto se tradujo en una inseguridad pública que se hizo sentir con gran fuerza y crueldad en pueblos y caminos. Las demandas de pueblos y comunidades a los distintos niveles de gobierno, exigiendo la persecución de delitos e impartición de justicia, no tenían respuesta, por lo que “se generalizó entre las comunidades la percepción de que las autoridades del estado eran cómplices o participaban de los beneficios del delito.”[3] En este contexto socioeconómico, la composición étnica de la población en la región, los antecedentes de organización como el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, y el impulso que dio a los pueblos indígenas el levantamiento armado del EZLN, favorecieron la aparición de la Policía Comunitaria en 1995 como un esfuerzo de los pueblos por organizarse contra la delincuencia, esfuerzo que frente a la corrupción del sistema de justicia oficial también creó, en 1998, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias para impartir justicia según los usos y costumbres de los pueblos de esa zona. 
El objetivo del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación –de acuerdo con su Reglamento Interno- es el de garantizar la plena observancia y el efectivo ejercicio, respeto, y acceso a los Derechos Humanos y Colectivos de las personas y pueblos que lo integran. Uno de los principios fundamentales en la justicia comunitaria es el de la conciliación, con el cual se busca que, antes que sancionar, se intente lograr un entendimiento entre las partes a fin de reestablecer el respeto entre éstas.[4] En casi todos los casos -excepto en violación y homicidio-, se busca la conciliación, ya que ésta permite asegurar una mejor convivencia en la comunidad y favorece la participación de todas las partes en la elaboración del acuerdo. En esta lógica, para asegurar que el Sistema Comunitario promueva con transparencia, prontitud e imparcialidad la administración de justicia, no se acepta la participación de abogados, ni el cobro de multas o fianzas excesivas, ya que se considera que esto no facilita el entendimiento de las partes y sí, en cambio, dificulta la reconstitución de la armonía en la vida comunitaria.[5] Entre las sanciones que puede imponer la CRAC, y que –a nuestro juicio, es otro de los objetivos de la justicia en este Sistema Comunitario-, es la reeducación. Se parte de la premisa de que privar de la libertad a un delincuente no sirve para resarcir el daño causado a la comunidad, por lo tanto, se concibe como sanción la reeducación entendiéndola como “el proceso que da la oportunidad a los detenidos de reconocer sus faltas y mejorar su conducta a través del trabajo comunitario, desarrollando sus capacidades en beneficio de la sociedad”.[6] 
Para atender la seguridad e impartir justicia en su territorio, el Sistema Comunitario de la Costa-Montaña de Guerrero, está organizado en Asambleas Generales Comunitarias de cada comunidad; en la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias en la que participan todas las comunidades integradas; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria (PC); el Comité Ejecutivo de la Figura Jurídica; los Consejeros; y, una Instancia de Gestión y Coordinación. De esta estructura, los dos órganos principales son, en cuanto a la justicia la CRAC, y en lo que concierne a la seguridad la PC, cuyo ámbito de competencia está delimitado, pudiendo actuar solamente: en el territorio y en los caminos de las comunidades integradas; en operativos en su territorio; o si el Comisario municipal de una comunidad no integrada solicita la intervención y se analiza y resuelve que sí es procedente en beneficio de la comunidad que lo solicita.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, es el principal órgano del Sistema Comunitario encargado de impartir justicia según “los usos y costumbres de los Pueblos”.[7] Está compuesta por diez personas de reconocida capacidad y confianza para ser Coordinadores Regionales, quienes son nombrados en la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias para ejercer el cargo durante 3 años. Todos los Coordinadores tienen el mismo rango y nivel y entre ellos se organizan para que en las oficinas de la CRAC siempre esté presente alguno para dar atención. Entre sus funciones y atribuciones está la de generar los mecanismos para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una pronta impartición de justicia, con apego a las prácticas jurídicas de sus pueblos y siguiendo lo establecido en el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT[8]; así como atender todas y cada una de las denuncias que le sean planteadas por la ciudadanía, dándoles seguimiento hasta su conclusión. Conjuntamente con el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y los Comisarios o Delegados Municipales correspondientes, compete a la CRAC definir las fechas y comunidades en las que se procederá a reeducar a los detenidos que se tenga bajo proceso, así como llevar un control permanente del proceso de reeducación de cada uno de los infractores. Asimismo corresponde a la CRAC representar al Sistema Comunitario entre una y otra Asamblea Regional; convocar a ésta e informarle de los asuntos del Sistema Comunitario y cumplir con los mandatos y acuerdos de la misma. Frente a la intimidación o represión de miembros del Sistema Comunitario, la CRAC realiza acciones de denuncia y de defensa legal. Al terminar su periodo, los Coordinadores Regionales informan y capacitan a quienes los relevarán en el cargo.
Mientras la CRAC es la autoridad a nivel regional, la autoridad local del Sistema Comunitario es el Comisario o Delegado Municipal quien participa en tareas de seguridad y justicia, en coordinación y comunicación con las demás instancias competentes. Además de las funciones, atribuciones y deberes “que les confieren las leyes nacionales, estatales y municipales”, para efectos del Reglamento Interno los Comisarios o Delegados Municipales tendrán como función principal impartir justicia dentro de la comunidad, atendiendo en todo momento y en primera instancia las faltas o delitos que le sean planteados por sus vecinos, tratando de dar solución y prioridad al acuerdo conciliatorio entre las partes en conflicto, y coadyuvando en las tareas de investigación así como en los procesos de reeducación de los detenidos a cargo del Sistema Comunitario; los casos de competencia regional los deberá turnar inmediatamente a la CRAC. La Coordinadora Regional resolverá en segunda instancia aquellos asuntos que habiendo sido tratados de manera adecuada ante la autoridad local no hayan sido resueltos de conformidad para las partes en conflicto. Cada Comisario o Delegado Municipal será electo por la Asamblea General de su Comunidad, de acuerdo con el procedimiento que ésta acostumbre, para un periodo de un año, durante el cual deberá “asistir con toda puntualidad a cada una de las Asambleas Regionales y a cada evento [sic] al que sea convocado”[9] por la CRAC, pudiendo ser sancionado por esta autoridad regional, y pudiendo también ser removido en todo momento por la Asamblea de su comunidad. 
El proceso judicial que se sigue en el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, inicia con la denuncia que de manera verbal y/o escrita se hace ante la autoridad competente. Una vez presentada la denuncia por la persona agraviada o algún familiar o persona que tenga conocimiento de los hechos, o en su caso, cuando se ha detenido a una persona cometiendo delito en flagrancia, se inicia una investigación de la que se encarga el Comisario si es en la Comunidad, o la CRAC si el asunto es de su competencia. Para que la CRAC reciba un caso se requiere que el mismo no esté siendo atendido por el Ministerio Público; que el motivo de la denuncia haya ocurrido en una comunidad integrada al Sistema Comunitario; que el delito esté previsto en el Reglamento Interno y, que éste no sea de la competencia de la autoridad local. Para integrar debidamente la investigación los Coordinadores Regionales podrán citar a testigos y a la autoridad local donde ocurrieron los hechos para que aporten sus testimonios, y recibirán también las pruebas de la parte agraviada. Al concluir la integración de la investigación, se llamará a la persona demandada y ante la autoridad se le informará de la acusación que hay en su contra, y se le dará la oportunidad de defenderse presentando los testigos y demás pruebas que respalden su declaración, en un plazo de 72 horas que podrá ampliarse a petición del acusado o a juicio de la autoridad que actúa. Una vez que la autoridad haya reunido el mayor número de pruebas del caso, citará en el plazo de los 5 días siguientes a las partes, para una reunión en la que tratará de llegar a algún acuerdo entre ambas y se levantará el acta correspondiente con lo que concluiría el asunto. Si en dicha reunión no se llega a ningún acuerdo satisfactorio, se invitará a las partes a que sigan platicando y se les citará de nuevo hasta llegar a un acuerdo de conformidad para ambas. Una vez agotada la investigación, tratándose de asuntos graves, la CRAC girará orden de aprehensión que deberá ser cumplida por la Policía Comunitaria. De las investigaciones realizadas la autoridad puede concluir que el acusado es realmente responsable de la falta o error del que se le acusa, y entonces dictará la sanción correspondiente y, si se trata de trabajo a favor de la comunidad, el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, trasladará al detenido a la comunidad en la que deberá comenzar su reeducación prestando sus servicios a más tardar al día siguiente. El proceso de liberación se inicia al concluir el tiempo de trabajo asignado a la reeducación, trasladando al detenido a las oficinas de la CRAC para valorar su situación y, de considerarse procedente, se hará la propuesta de liberación en la Asamblea Regional que, de aprobarla, permitirá que el detenido vaya a ser entregado, en su propia comunidad, a sus familiares en presencia de su autoridad comunitaria. Se elabora un acta de compromiso en la cual el liberado se compromete a no reincidir y a ser un buen ciudadano, firmando de avales sus familiares y la Autoridad comunitaria, quienes se encargarán de velar por la conducta del liberado y por el cual se hacen responsables.[10] 
La delimitación de competencias de la autoridad local y la regional muestra claramente la separación de los delitos que cada una atiende. Las faltas y errores que son competencia y obligación de ser solucionados por el Comisario o Delegado Municipal son: conflictos matrimoniales; robos menores; robo de ganado menor cuando se trate hasta de 3 cabezas; difamación de honor, insultos y amenazas; conflictos menores por cuestiones de alcoholismo; incumplimiento de acuerdos de la Asamblea General Comunitaria; desobediencia a los mandatos legítimos de la Autoridad Comunitaria; falta de respeto a los padres; maltrato a menores, mujeres, ancianos o discapacitados; lesiones menores que no pongan en riesgo la vida de lesionados; daños menores; riñas sin lesiones mayores; disparos al aire; incumplimiento de cargos comunitarios, fajinas o cooperaciones que hayan sido repartidos o acordados por la Asamblea General Comunitaria; consumo de drogas; deudas menores y mayores; problemas generados por lo que en usos y costumbres se equiparen a la brujería, sólo se tratarán en la comunidad y no podrán pasar a la CRAC. Corresponde a la Coordinadora Regional atender y solucionar las siguientes faltas, errores y delitos: homicidio; asalto; violación; abigeato (robo de más de 4 cabezas de ganado menor, y robo de ganado mayor); asalto y con violencia en caminos y casas habitación; todo lo relativo al tráfico y producción de drogas y estupefacientes (siembra y cultivo, cuidado, cosecha, compra y venta, transporte); secuestro; abuso o incumplimiento de las facultades y obligaciones que este Reglamento impone a las distintas autoridades comunitarias y regionales; la tentativa o complicidad tratándose de las faltas o errores señalados en las fracciones anteriores; robo de bienes mayores o en grandes cantidades; lesiones graves que pongan en riesgo la vida del lesionado o que impliquen la pérdida de algún miembro u órgano, o incapacidad temporal o permanente; incumplimiento de los acuerdos tomados por la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias; faltas graves cometidas contra el medio ambiente y recursos naturales; tala ilegal de maderas; fraudes en agravio de la comunidad; delincuencia organizada (bandas y pandillas); uso indebido de armas por funcionarios o miembros del Sistema Comunitario (en estos casos se decomisará el arma y será devuelta a la comunidad para uso de la misma); reincidencias graves; y, todas aquellas que le sean asignadas por la Asamblea Regional, o que por su gravedad le sea necesario atender.[11]
Son estas mismas autoridades del Sistema Comunitario -el Comisario o Delegado Municipal y la CRAC- las únicas que pueden imponer las sanciones previstas que consisten en: arresto hasta por 24 horas, en casos no graves; multas hasta por $200.00 pesos; reparación del daño en los casos que así proceda; decomiso a favor de la comunidad de los bienes, objetos, o materiales que sirvan o sean empleados para cometer las faltas o errores; y, el trabajo a favor de la comunidad. En los casos de extrema gravedad se decidirá la sanción en la Asamblea Regional. El Reglamento Interno asume explícitamente que “en los casos de violación, homicidio y secuestro, no procede la reparación del daño, pues se considera que la vida y la dignidad de las personas no puede ser valuado en términos económicos y el agravio en estos Derechos no puede ser restablecido de ninguna manera.”[12] A la reeducación con trabajo comunitario -que es la sanción distintiva de este sistema de seguridad y justicia en Guerrero- se le dedica un apartado exclusivo para establecer las reglas de su aplicación: La sanción de reeducación se notifica personalmente al detenido en presencia de sus familiares o de personas de su confianza; se realiza durante 15 días en cada comunidad, trabajando el día y siendo recluido en las cárceles comunitarias durante la noche, y recibiendo pláticas para reflexionar sobre su mala conducta a fin de lograr la recuperación a favor de la sociedad.[13] El Comisario o Delegado Municipal y la CRAC son los responsables de verificar el cumplimiento de cada una de las sanciones que imponen a los acusados, sean detenidos o no. 
Sin ser ajena a labores que coadyuvan a impartir justicia, la Policía Comunitaria está a cargo de la seguridad en el territorio comunitario. Su órgano máximo de dirección es el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, conformado con la participación de diferentes autoridades locales y regionales. Cada Asamblea General Comunitaria nombra al grupo de Policías Comunitarios, y en todo tiempo puede remover a alguno o a todos sus integrantes cuando así lo considere necesario. Por su parte el Comisario o Delegado Municipal se encarga de vigilar que estos Policías de su comunidad cumplan con su servicio sin cometer abusos y respetando los derechos humanos y los usos y costumbres; y, la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias tiene la facultad de elegir a diez personas de entre los Policías Comunitarios, Comandantes o Excomandantes de grupo, a quienes nombra con el cargo de Comandantes Regionales para que integren el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria durante un periodo de tres años. Este Comité es el órgano principal del Sistema Comunitario encargado de la seguridad y la coordinación de los Grupos de Policía Comunitaria. Los Comandantes Regionales deberán estar al servicio de la población en la oficina matriz que se encuentra en San Luis Acatlán (cuatro comandantes), y en las otras dos sedes que se localizan en la comunidad de Espino Blanco (tres comandantes) y en Zitlaltepec (tres comandantes), todas en el estado de Guerrero. Con el fin de lograr los objetivos para los que se instituyó la Policía Comunitaria, ésta se coordinará con todos y cada uno de los grupos de las comunidades que están integradas para preservar la seguridad en los poblados y los caminos de la región. Los Comandantes Regionales no deberán prestar servicios ni resguardos a comunidades que no tengan grupos de Policía Comunitaria; tampoco deberán prestar servicios a los ayuntamientos sin previa autorización de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias o de la Asamblea Regional. Al parecer, lo relativo a retribuciones en general no está reglamentado, salvo en un caso, al que se refiere la función de los Comisarios y Delegados Municipales quienes se encargan de establecer “los medios y mecanismos para que la población otorgue una cooperación para sustentar los gastos del grupo de Policía Comunitaria”[14]. En otras fuentes se afirma que los miembros del cuerpo de policía que son elegidos en la Asamblea Comunitaria, prestan sus servicios de manera gratuita y, salvo en algunas localidades, lo hacen voluntariamente.[15]
Entre las funciones, atribuciones y deberes del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria cabe destacar las que lo vinculan con la impartición de justicia a través de las instrucciones que recibe de la Asamblea Regional y de la CRAC, tales como investigar los asuntos asociados a faltas, errores y delitos que le asigne la Coordinadora Regional; capturar a las personas bajo las órdenes de aprehensión giradas por la CRAC o en flagrancia de delito, con la advertencia de que no podrá realizar ninguna detención que no esta justificada; asegurar con la CRAC el control de la reeducación y del traslado de los detenidos; autorizar las visitas de familiares o amistades de los mismos detenidos; y, junto con el Comité de la Figura Jurídica, capacitar a los Comandantes y Policías Comunitarias[16]
El hecho de que los Policías Comunitarios sean nombrados y puedan ser removidos por la Asamblea Comunitaria; que los integrantes de su órgano ejecutivo sean electos por la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias y tengan que informar a ésta; así como la permanente relación que el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria debe guardar con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, son disposiciones reglamentarias que sugieren un alto grado de control social, colectivo, comunitario, sobre el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación, y que, en consecuencia, permiten suponer que el objetivo de frenar la delincuencia por el que se inició la organización de comunidades y pueblos indígenas y mestizos, está siendo cumplido. Sólo contamos con un dato que suele citarse cada que se habla de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero: “el gobierno reconoce que el 95% de la inseguridad ha sido resuelto, pero no acepta la aprobación del organismo que lo logró”.[17] 
El Reglamento Interno prevé las relaciones con autoridades e instituciones del poder público, llamémosle oficial, a tal grado que la máxima instancia de dirección y mando del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación que es la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias es también, la instancia de coordinación de las relaciones entre las comunidades integrantes de este Sistema y los ayuntamientos oficiales. Asimismo se faculta a la Asamblea Regional a determinar los criterios y principios rectores que se observarán para la relación con otras organizaciones, instituciones privadas y oficinas de gobierno en sus tres órdenes y niveles.[18] Si bien el Sistema Comunitario ha hecho explícita su disposición a establecer relaciones con el poder público, lo ha hecho anteponiendo “los principios del respeto mutuo, coordinación en el trabajo y tolerancia”, principios que no han sido secundados por el gobierno, pues, a pesar de existir acuerdos verbales[19] para respetar mutuamente las actuaciones y determinaciones en los asuntos que la población plantea ante cada uno de los dos sistemas: las agencias del ministerio público, juzgados de paz y de primera instancia, por el lado oficial; y la CRAC-Policía Comunitaria, por el de las instituciones comunitaria, la realidad es que el gobierno estatal y algunos municipales han desconocido en los hechos tales acuerdos.
A la existencia del Sistema Comunitario de seguridad y justicia en esa región de Guerrero, el gobierno federal y el estatal han respondido desde el principio con una constante ofensiva “legal” y represiva. Se ha tratado de impedir su funcionamiento declarándolo fuera de todo marco legal porque no es un sistema producto de un proceso legislativo constitucional; porque –se dice- violan los derechos humanos de la población; porque se trata de un grupo armado al que se ha querido vincular con el EPR y el ERPI; o porque carecen de licencia para portar armas de uso exclusivo del Ejército federal. Con el PRI o con el PRD en el Ejecutivo estatal -no importa-, gobierno, Ejército y caciques de la región actúan juntos contra la Policía Comunitaria, y hasta se ha tratado de involucrar a las autoridades eclesiásticas de la región, con el propósito de hacer desistir a los pueblos indígenas del apoyo a su Sistema Comunitario. Del encarcelamiento de sus fundadores, el aparato estatal pasó al hostigamiento hacia las autoridades comunitarias como Comisarios y Policías a quienes se ha desarmado en varias ocasiones, y se extendió a dirigentes de organizaciones sociales de la región, y hasta los presidentes municipales de los municipios donde opera el Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria.[20]
Un intento distinto, por desaparecer todo el sistema de la CRAC-Policía Comunitaria, fue la iniciativa del gobierno de René Juárez Cisneros (1999-2005) que llegó a proponer la “transformación” del mismo en cuatro aspectos fundamentales que se refieren a la prevención del delito, la procuración y administración de justicia, la readaptación social, y la legalización del uso de las armas: 1) El Estado se compromete a dar todas las facilidades para que los integrantes de la Policía Comunitaria se incorporen a las policías preventivas municipales, para lo cual serían incorporados por el gobierno del estado con sueldo y nombramientos de inspectores comunitarios de las regiones donde ellos operan; 2) el Estado se compromete a recomendar candidatos indígenas egresados de unidades académicas de Derecho, a efecto de darlos de alta como agentes del Ministerio Público y jueces de primera instancia, para que funcionen en las regiones donde opera la Policía Comunitaria con un mismo dialecto (sic) y su misma idiosincrasia (sic); 3) se propone que en el Cereso de Tlapa de Comonfort se ingrese a los delincuentes sentenciados en este proceso de justicia de las comunidades de la región, contando con un director y custodios de extracción indígena; y el 4) plantea a las Autoridades Regionales presentar las armas que porta la Policía Comunitaria ante las zonas militares que operan en el estado de Guerrero para que se les pase la correspondiente revista (matrícula, calibre, marca) y, una vez hecho esto, solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional sean incorporadas a la licencia colectiva 110 que ampara el armamento del gobierno del estado, “siempre y cuando sean armas que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permita sean utilizadas por la Policía Comunitaria, una vez que ésta se encuentre incorporada a las policías preventivas municipales.”[21] En una asamblea regional[22] se acordó llevar estos planteamientos del gobierno del estado sobre la Policía Comunitaria a cada una de las comunidades para analizarlos; resultado: rechazo total a la propuesta.
Hasta finales de 2008, las órdenes de aprehensión pendientes y los procesos judiciales contra decenas de integrantes de la organización CRAC-PC, son los medios de presión y represión que sigue usando el gobierno del estado de Guerrero, ahora encabezado -desde 2005- por Zeferino Torreblanca, gracias al respaldo electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD).[23] Pero las comunidades y los pueblos indígenas de la Costa-Montaña incorporados a la experiencia de 13 años de un sistema comunitario integral continúan resistiendo, teniendo que enfrentar a autoridades federales y estatales, a empresarios madereros y caciques locales; persistiendo en la defensa de sus derechos; de sus recursos naturales: los ríos, los bosques, su fauna; la seguridad en sus caminos; su vida, su cultura y su identidad.
Los sistemas normativos o los usos y costumbres de estos pueblos de Guerrero, como los de otros pueblos, en otros estados de la República Mexicana, han abierto caminos que sirven para demostrar que al igual que en las formas de gobernar, de administrar justicia y de garantizar la seguridad pública, las características que diferencian a los sistemas comunitarios, a los autónomos, de las del sistema dominante, encuentran semejanzas en muchos lugares:
  • Surgen como defensa ante la incompetencia, la incapacidad, y la corrupción en las instituciones oficiales.
  • Son una protesta legítima contra una legislación nacional que ignora las especificidades de personas, comunidades y pueblos.
  • Sus normas son flexibles, aplicando criterios diferenciados según las circunstancias, las personas, etc.
  • No se da un trato igual a los desiguales.
  • Los procesos judiciales toman en cuenta a la gente, la escucha, permiten la conciliación y el acuerdo entre las partes.
  • Las sanciones a faltas o delitos no buscan eliminar a las personas, sino recuperarlas, reincorporarlas a la comunidad.
  • En vez de nombramiento por designación desde arriba, los cargos se ocupan por elección directa desde abajo en la asamblea comunitaria, municipal o regional.
  • Por ende, se trata de autoridades surgidas de la comunidad, vigiladas por la comunidad, que le informan a la comunidad y que pueden ser sancionadas por la misma comunidad.
  • Los periodos son de corta duración para todos los cargos: 1 a 3 años.
  • Se garantiza la rotación, es decir, no reelección ni permanencia indefinida en los cargos.
  • Está prevista la revocabilidad de los mandatos, aunque sean policías.
  • Los cargos son entendidos como un servicio, voluntario y gratuito.
La rabia que indudablemente provoca la pobreza con violencia y la injusticia siempre acompañada de impunidad, no es una rabia estéril, está generando rebeldías creativas que experimentan sus propias vías de hacer otra política, otros gobiernos, otra justicia, nacidas desde abajo y nutridas de conocimientos que, por el desuso, parecían haber quedado demasiado atrás. Pero no, ahí están para mostrarnos que en diversos lugares de este mundo otros modos de hacer la vida están haciendo otros caminos. 

Festival Mundial de la Digna Rabia.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
5 de enero de 2009 

FUENTES CITADAS:
BALLINAS, Víctor (enviado). “Impunes, 98% de los crímenes en el país: Soberanes”, La Jornada, México, D. F. 16 de diciembre de 2008, pp. 1 y 3. 
CASTRO GUZMÁN, Homero. "Guerrero: autoritarismo, movimiento indígena y autonomía", en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, p. 54. 
Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Versión vigente al mes de noviembre de 2008. Recibido vía correo electrónico enviado por Policia Comunitaria Costa Chica y Montaña de Guerrero [crac.pc@gmail.com] 
Reglamento Interno. Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación. Versión sintetizada, publicada en el marco del 12º aniversario de la policía comunitaria, octubre de 2007. Recibido vía correo electrónico enviado por Policia Comunitaria Costa Chica y Montaña de Guerrero [crac.pc@gmail.com] 
REYES SALINAS, Medardo, "Marco jurídico del Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria de la Costa-Montaña de Guerrero" en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, pp. 57-97. 
RODRÍGUEZ MONTES, Jesús (corresponsal), “El gobierno usa órdenes de aprehensión para reprimir a la CRAC, dice dirigente”. Mensaje vía correo electrónico enviado por Policia COMUNITARIA Costa Chica y Montaña de Guerrero [crac.pc@gmail.com], fechado el lunes 22 de septiembre 2008.  
SARMIENTO SILVA, Sergio, "El movimiento indígena guerrerense y la Policía Comunitaria" en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, pp. 141-173. 
TORRE RANGEL, Jesús Antonio de la, "Justicia comunitaria: resistencia y contribución. Una visión desde el sistema comunitario de la Montaña y Costa Chica de Guerrero" en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, p. 99-125. 
 

 


[1] “Segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nota de Víctor Ballinas en La Jornada, México, D. F., 16 de diciembre de 2008, pp. 1 y 3.
[2]Reglamento Interno. Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación. Versión sintetizada, publicada en el marco del 12º aniversario de la policía comunitaria, octubre de 2007.
[3] Homero Castro Guzmán, "Guerrero: autoritarismo, movimiento indígena y autonomía", en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, pp. 42 y 43.
[4] Véanse artículos 4 y 22 del Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Versión vigente al mes de noviembre de 2008.
[5] Ibid., artículo 18.
[6] Ibid., artículo 42.
[7] Reglamento Interno... Versión sintetizada, op.,cit. Artículo 6
[8] El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 9, establece que los Estados parte están obligados a reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos indios, “en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente, para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.
[9] La información relativa al Comisario o Delegado Municipal se puede encontrar en el artículo 7 del Reglamento Interno…Versión vigente al mes de noviembre de 2008, op. cit.
[10] Los sucesivos pasos del procedimiento se pueden consultar en “Capítulo IX. Del procedimiento para la denuncia, investigación y sanción de las faltas o errores” del Reglamento Interno… op. cit.
[11] Ibid., artículos 8 y 10.
[12] Cfr. Ibid., artículo 13.
[13] “Capítulo XII. El procedimiento para la reeducación”, artículos 42 a 51, y otras sanciones ver en artículos 12, 13, 27 y 29 del Reglamento Interno… op. cit.
[14] Artículo 7 del Reglamento Interno…, op. cit.
 
[15] Sergio Sarmiento Silva, "El movimiento indígena guerrerense y la Policía Comunitaria" en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, p. 168.
[16] Véase el artículo 6, “IV. Del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria”, y el artículo 7, del Reglamento Interno… op. cit.
[17] Dato recogido en “Relatoría de la 15ª asamblea permanente de pueblos y autoridades indígenas del estado de Guerrero, realizada en Malinaltepec, Gro., 7 de mayo de 2004”, citado por Homero Castro Guzmán, op. cit., p. 54.
[18] Artículos 6 y 7, del Reglamento Interno… op. cit.
[19] Al respecto se puede consultar la Versión sintetizada del Reglamento Interno… ya citada.
[20] Medardo Reyes Salinas, "Marco jurídico del Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria de la Costa-Montaña de Guerrero" en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, pp. 88, 89.
[21] Medardo Reyes Salinas, "Marco jurídico del Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria de la Costa-Montaña de Guerrero" en REYES SALINAS, Medardo y Homero CASTRO GUZMÁN (Coords.), Sistema de seguridad e impartición de justicia comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero. México, Plaza y Valdés, 2008, pp. 90 y 91.
[22] Asamblea celebrada en Santa Cruz del Rincón (30 de julio de 2004). Ibid., p. 93.
[23] Jesús Rodríguez Montes (corresponsal), “El gobierno usa órdenes de aprehensión para reprimir a la CRAC, dice dirigente”. Mensaje vía correo electrónico enviado por Policia COMUNITARIA Costa Chica y Montaña de Guerrero [crac.pc@gmail.com], fechado el lunes 22 de septiembre 2008.