El buen gobierno

La autonomía es de quien la construye. (2003)

Francisco López Bárcenas

La apertura de los Caracoles y la instalación de las juntas de buen gobierno en comunidades indígenas de Chiapas reanimaron el debate por la autonomía, no tanto en su versión de derecho colectivo como en su proceso de construcción, decisión que va contra las políticas del Estado y obliga a quienes opten por ese camino a iniciar procesos políticos de construcción de redes de poder, capaces de enfrentar la embestida estatal, contrapoderes que les permitan afianzarse ellos mismos como una fuerza con la que se debe negociar la gobernabilidad y poderes alternativos que obliguen al Estado a tomarlos en cuenta. Por eso la construcción de autonomías no puede ser un acto voluntarista de líderes “iluminados” o de una organización, por muy indígena que se reclame. En todo caso se requiere la participación directa de las comunidades indígenas en los procesos autonómicos. En otras palabras se necesita que las comunidades indígenas se constituyan en sujetos políticos con capacidad y ganas de luchar por sus derechos colectivos que conozcan la realidad social, económica, política y cultural en que se encuentran inmersos, así como los diversos factores que inciden en su condición de subordinación y los que pueden influir para trascender esa situación, de tal manera que les permita tomar una posición sobre sus actos.
Otra condición es trascender las visiones folcloristas, culturalistas y desarrollistas que el Estado impulsa y muchas comunidades todavía aceptan pasivamente. Para construir autonomías no basta con que se reconozca la producción artística --artesanías le llaman todavía en el discurso oficial-- ni los aportes culturales de los pueblos indígenas a la constitución multicultural del país; tampoco es suficiente que el gobierno destine fondos específicos para impulsar proyectos de desarrollo en las regiones indígenas. Estas son políticas que si bien tratan de dejar atrás las políticas de asimilación y aculturación impulsada por los gobiernos “revolucionarios institucionalizados” de hace años, no dejan de reproducir las relaciones de subordinación de los pueblos indígenas con respecto a la sociedad mestiza y hasta legitiman las políticas de negación de los derechos indígenas. Por el contrario, se requiere desmitificar el carácter “neutral” del Estado y mostrar su carácter de clase, evidenciando que se encuentra al servicio de la clase dominante y los agentes políticos, económicos, sociales que la sustentan.

Se necesita también que las comunidades se fijen objetivos alcanzables y junto con ellos coloquen algunos más generales que sirvan para establecer alianzas con otras comunidades. En algunos casos pueden ser los mismos de las comunidades, si esa es su decisión y les sirve, como podría ser el caso de luchar para obligar al gobierno a impulsar programas generales para la solución de conflictos agrarios, defensa de la tierra, o promoción de derechos. Además de ello no se pueden olvidar demandas más amplias, que importan a todos los mexicanos, como la reforma del Estado autoritario por otro democrático y multicultural, la lucha por la soberanía alimentaria, contra la privatización de la energía eléctrica y el petróleo y, obviamente, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Otro aspecto importante es que la lucha por la autonomía no puede ser una lucha sólo de los indígenas. Se necesita construir relaciones de solidaridad con los otros sectores de la sociedad, apoyándose mutuamente en sus luchas propias al tiempo que se impulsan demandas comunes. En este sentido cobra importancia cuidar con quién se establecen las alianzas, porque existen sectores y organizaciones sociales que discursivamente aceptan defender los derechos indígenas pero en la práctica hacen lo contrario. Es el caso de los Senadores del Partido de la Revolución Democrática que votaron una reforma constitucional contraria a lo pactado en los Acuerdos de San Andrés. Es también el caso de algunas organizaciones que se autonombran indígenas y que en la práctica resultan ser un obstáculo al ejercicio de la autonomía porque no les interesa dar poder a las comunidades ni defender sus demandas sino fortalecer sus estructuras y sus posiciones políticas, a costa de las comunidades y a veces en contra de ellas.

Como se ve la construcción de autonomías no es un asunto fácil. Se trata de desatar procesos que requieren objetivos claros, compromisos y trabajos constantes para que no fracasen o se diluyan en discursos. Esa es una tarea urgente en esta coyuntura, antes de que la realidad nos avasalle y se nos vaya de las manos. Se requiere trabajar por ella, porque la autonomía no es de quien la enuncia sino de quien la construye.


http://www.jornada.unam.mx/2003/oct03/031020/oja78-autonomia.html