¿Qué es el zapatismo?

Apuestas y riesgos en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Neil Harvey. (2005)

Neil Harvey

La Sexta Declaración de la Selva Lacandona

De nuevo los zapatistas han tomado la iniciativa política en la lucha por la democracia, la libertad y la justicia. La Sexta Declaración de la Selva Lacandona reafirma los planteamientos centrales de su postura política a lo largo de los recientes 11 años. Estos son: la defensa de la memoria contra el olvido, la construcción de una nueva patria contra la destrucción neoliberal y el ejercicio de nuevas formas de hacer política contra el modelo partidista dominante.

Como en las cinco declaraciones anteriores, los zapatistas proponen una serie de acciones concretas para avanzar en estos objetivos: la realización de nuevos encuentros intercontinentales en contra del neoliberalismo y por la humanidad, una campaña nacional para construir un programa de izquierda y una nueva Constitución, así como la promoción de nuevas prácticas políticas como las que están impulsando en Chiapas los propios zapatistas en sus juntas de buen gobierno y concejos autónomos.

Cabe señalar que estos planteamientos son producto de la misma evolución del zapatismo desde su Primera Declaración de la Selva Lacandona. El “¡Ya basta!” de aquel 31 de diciembre de 1993 tuvo tres destinatarios principales: el Ejército federal, “pilar básico de la dictadura que padecemos”, contra el cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la guerra; los poderes Legislativo y Judicial, a quienes pedía destituir al titular ilegítimo del Poder Ejecutivo, y a la población mexicana, con la invitación de sumarse a la lucha insurgente.

Como sabemos, la guerra oficial duró 12 días, el Ejecutivo no fue destituido y gran parte de la población aceptó las demandas, pero no los métodos del EZLN. Sin embargo, de esta primera declaración quedaron varios elementos que han caracterizado al zapatismo hasta la fecha. Por ejemplo, la reivindicación de la memoria (el comunicado empieza con el recordatorio de que “somos producto de 500 años de luchas”), la vinculación de su lucha social con el patriotismo mexicano (que tiene la función de evitar que sus demandas sean reducidas a un ámbito local), y la afirmación de que la aplicación de las leyes debe reflejar la voluntad del pueblo y no la arbitrariedad del Estado (la referencia al artículo 39 constitucional fue repetida en varias de las declaraciones posteriores). Por su parte, el llamado a la guerra de la primera declaración no volvió a aparecer en ninguna de las siguientes y, de hecho, quedó rebasado por la forma en que reaccionó la sociedad civil.

La lucha pacífica fue claramente privilegiada en la segunda declaración, emitida en junio de 1994 en el contexto del proceso electoral de aquel año. En ésta los zapatistas rechazaron la oferta gubernamental surgida de los primeros diálogos de paz en febrero, debido a la falta de respuesta a demandas de carácter nacional. En ese momento, el EZLN convocó a todas las organizaciones sociales y políticas a participar en una nueva Convención Nacional Democrática (CND), con el fin de elaborar una nueva Constitución mediante la elección de una asamblea constituyente.

En esta misma declaración los zapatistas empezaron a formular su concepto alternativo del poder, diciendo que “el problema del poder no será quién es el titular, sino quién lo ejerce. Si el poder lo ejerce la mayoría, los partidos políticos serán obligados a confrontarse a esa mayoría y no entre sí”. Sin embargo, la CND no logró cuajar, debido, en gran parte, a las disputas por su dirección, pero también por el contexto adverso que se abrió con la ofensiva del Ejército federal en febrero de 1995. Justo un mes antes, el EZLN había emitido la tercera declaración, en la cual convocó a la CND y a los simpatizantes del cardenismo a construir, junto con los zapatistas, un nuevo frente de lucha (encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas), llamado el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). De nuevo, esta declaración enfatizó la defensa de la nación, la centralidad de la memoria y la necesidad de impulsar la transición a la democracia, en la cual se incluyen de manera explícita los derechos de los pueblos indígenas a gobernarse de acuerdo con sus propias “razón y voluntad”.

Al igual que la CND, el MLN no logró consolidarse, aunque en niveles más locales estas dos iniciativas tuvieron un impacto más positivo, sobre todo cuando se presentó un objetivo más concreto y de corto plazo. Me refiero a la primera consulta nacional que el EZLN organizó en agosto y septiembre de 1995 sobre el camino que debe seguir su lucha. Uno de los resultados de esta consulta fue la organización y consolidación de más de 200 Comités Civiles de Diálogo en todo el país, demostrando que las organizaciones locales y regionales eran capaces de responder a la convocatoria zapatista. Resulta que esta movilización de base tuvo un impacto muy importante en legitimar y defender al EZLN durante las negociaciones con el gobierno en San Andrés, entre octubre de 1995 y febrero de 1996.

Fue sobre esta base y esta experiencia de acercamiento que los zapatistas convocaron, en la cuarta declaración (publicada el primero de enero de 1996), la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). Lo novedoso de esta declaración fue la propuesta de que el frente deba constituirse en una fuerza política “que no aspire a la toma del poder. Una fuerza política que no sea un partido político (...) Una fuerza política nacida de los Comités Civiles de Diálogo”. Aunque todavía se hablaba del MLN, en los siguientes dos años se hizo evidente la división entre el camino de la democracia electoral y el camino del zapatismo. Las reformas electorales de 1996 y las derrotas del PRI en los comicios de 1997 llevaron a gran parte del cardenismo a las filas del PRD, mientras los votantes empezaban a creer que era posible que por fin el PRI pudiera perder la Presidencia en 2000. Con la atención puesta en las candidaturas y las elecciones, la crisis chiapaneca perdió su lugar en la agenda nacional. No fueron aplicados los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, creando el contexto de abandono en el cual los paramilitares atacaban impunemente a los simpatizantes del zapatismo. La matanza de Acteal, en diciembre de 1997, y las acciones policiaco-militares en los meses siguientes, obligaron una nueva respuesta de los zapatistas.

En junio de 1998 el EZLN rompió el silencio con su Quinta Declaración de la Selva Lacandona. De nuevo los zapatistas se comprometieron a la lucha pacífica y el diálogo con la sociedad. Afirmando que “es el tiempo de que hable la paz”, esta declaración anunció una nueva iniciativa en apoyo a los derechos indígenas. A diferencia de las declaraciones anteriores, la quinta no hizo un llamado a crear un nuevo frente nacional, sino puso el acento en la movilización social mediante una consulta popular, método que había arrojado resultados positivos en 1995. De nuevo, este llamado fue ampliamente recogido y dio lugar a la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Por el Fin de la Guerra de Exterminio, celebrada en marzo de 1999. El mismo documento todavía expresaba la esperanza de que los legisladores miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) pudieran lograr un consenso para hacer valer los acuerdos de San Andrés en una reforma del marco constitucional.

Sin embargo, ni el cambio en el Poder Ejecutivo en 2000 logró concretar dicha reforma. Aunque los zapatistas mantuvieron la capacidad de movilizar a miles de personas en su marcha a la capital, en marzo de 2001, el Congreso aprobó una reforma muy limitada, lo cual tuvo el efecto de cancelar la posibilidad de avanzar en la solución del conflicto en Chiapas. Desde ese momento, los zapatistas se dedicaron más a la construcción de sus propias formas de gobierno, llegando en 2003 a la conformación de las cinco regiones autónomas y sus respectivas juntas de buen gobierno. Mientras tanto, se hizo muy evidente la separación entre el zapatismo y todos los partidos políticos. El creciente escepticismo de los votantes, aunado a los videoescándalos y la corrupción, forma parte del contexto reciente en el cual el EZLN de nuevo busca resistir el olvido y retoma la necesidad de vincularse con las luchas de otros sectores nacionales e internacionales.

En la sexta declaración los zapatistas reconocen lo riesgoso de su nueva iniciativa. Es una apuesta a la unidad con las personas que comparten las mismas carencias y que no encuentran opciones en los partidos existentes. La decisión fue tomada para que las luchas indígenas tengan mayores posibilidades de desarrollarse al unirse con otros sectores en contra de la prolongación del neoliberalismo. La unidad que se logre debe servir para fortalecer tanto al zapatismo como a los otros grupos y personas que decidan entrar en alianza. Sin duda es una apuesta grande, pero esto es algo constante del zapatismo desde sus orígenes. Si la campaña nacional logra abrir espacios de diálogo con el resto de la sociedad, será más difícil que los partidos políticos ignoren las discusiones y propuestas que vayan surgiendo. Retomando lo expresado en la segunda declaración (junio de 1994), la campaña nacional representará un aporte muy positivo si los partidos se sienten presionados a confrontar las demandas populares en vez de ocuparse de sus imágenes y disputas entre sí.

Como cualquier apuesta, conlleva varios riesgos. Tomando en cuenta la historia de las apuestas anteriores, podemos señalar por lo menos dos riesgos principales. Primero, ¿cuáles son las implicaciones de esta campaña para seguir avanzando en la consolidación de las regiones autónomas y las juntas de buen gobierno? Estas estructuras de autonomía son los logros más importantes del zapatismo. Sin embargo, como reconoció el subcomandante Marcos el año pasado en su texto “Leer un video”, hay dos fallas grandes que merecen la atención: el lugar de las mujeres en la dirección de las juntas y los concejos autónomos, y la relación entre la estructura político-militar del EZLN y las autoridades civiles de las regiones y municipios zapatistas. La campaña nacional debe buscar maneras de ayudar a superar estos dos problemas. Para ello es importante incluir en los diálogos la comparación de diversas experiencias de luchas sociales para ir aprendiendo cómo pasan las mujeres de la participación de base a los puestos de dirección política. Al mismo tiempo, es necesario discutir las lecciones que existen sobre los retos de practicar esa “nueva forma de hacer política”, pero que muchas veces topa con las prácticas autoritarias que han servido mucho al Estado y los partidos políticos, y muy poco a la “gente sencilla y humilde”. La campaña debe servir no solamente para elaborar un programa nacional de lucha, sino también a encontrar soluciones prácticas a los problemas y contradicciones de esa misma lucha.

El segundo riesgo tiene que ver con la dirección de la campaña y las experiencias ya vividas, sobre todo la de la CND en 1994-95. La sexta declaración busca otro modelo de organización, y lo más positivo de las iniciativas anteriores ha sido la experiencia de las consultas nacionales realizadas en 1995 y 1999. Los comités locales y la coordinadoras regionales dejaron muchas lecciones sobre las ventajas y problemas de esta forma de organización nacional “desde abajo”. Los resultados fueron mucho más positivos que los intentos de unidad de organizaciones nacionales y deben servir como punto de referencia básica para la nueva campaña. Una iniciativa nacional con estas características ayudaría a reducir el riesgo de que se pierda el tiempo y la energía que podrían ser destinados a proyectos más locales.

La sexta declaración es, como las cinco anteriores, un manifiesto contra el olvido y por un futuro con paz y dignidad. Reafirma el compromiso de los zapatistas con la lucha pacífica e invita a la población a participar en la construcción, desde la izquierda, de alternativas económicas y políticas para el país. Su reto principal no es crear un nuevo frente con nombre y dirección nacional, sino tejer una nueva red de personas y grupos que puedan aportar sus experiencias de lucha para que los riesgos de esta iniciativa sean minimizados mientras sus apuestas sean acertadas.

* Historiador inglés, catedrático de la Universidad de Las Cruces, Nuevo México, autor de La rebelión de Chiapas (Ed. Era)


La Jornada. Domingo 10 de julio de 2005. http://www.jornada.unam.mx/2005/jul05/050710/012a1pol.php