Documentación histórica

La libertad de tránsito en el país no está restringida: Jorge Madrazo. (1996)

5 de octubre de 1996

¿La Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas permite que los dirigentes zapatistas salgan de Chiapas? Ese es el debate que tiene divididos a varios sectores de la sociedad mexicana; algunos argumentan que dicha ley permite a los zapatistas participar en el encuentro indígena que se desarrollará en el Distrito Federal y, por lo tanto, salir de Chiapas; otros afirman que si cruzan esa frontera se convertirán en fugitivos.

En tanto, la delegación de personajes que irá a Chiapas para invitar a los rebeldes a que participen en el Congreso Nacional Indígena decidió no partir hoy. Su salida será el próximo lunes.

Mientras, Jorge Madrazo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), consideró que "la garantía individual del libre tránsito no está suspendida ni restringida en este país'', y el también jurista José Luis Soberanes planteó que el gobierno actuaría legalmente si decidiera detener a los dirigentes del EZLN que viajen a la ciudad de México.

El presidente de la CNDH se mostró muy cauto cuando, durante una visita que hizo ayer a Zacatecas, los reporteros lo interrogaron sobre la base legal para obstaculizar el tránsito de la delegación zapatista que pretende asistir al congreso. Dijo que el tema implica la interpretación constitucional de una ley, y que él no estaba facultado para hacerlo.

"Lo que sí les puedo contestar es que, y hablo a título personal, la garantía individual de la libertad de tránsito no está suspendida ni restringida en este país'', dijo.

"La ley sólo permite a los zapatistas desplazarse en Chiapas, pero no fuera del estado'', señaló José Luis Soberanes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al ser consultado por la agencia internacional de noticias Ansa.

Por su parte, voceros del Frente Zapatista de Liberación Nacional llamaron al gobierno a actuar con cordura y permitir que una delegación rebelde participe en el congreso. Javier Elorriaga, en nombre del FZLN, rechazó que los zapatistas tengan que estar confinados a la selva Lacandona, y negó que el posible viaje de la comandancia sea una provocación, como aseveró el gobierno.

El obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera López, indicó que el gobierno deberá mostrar voluntad política y aceptar que los zapatistas vengan a la ciudad de México, porque el EZLN ha dado muestras de ser confiable y manifestado signos de cordura y civilidad para convertirse en un frente político.

A su vez, representantes del sector patronal, de la jerarquía católica y del gobierno respaldaron la postura expresada hace unos días por la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que los líderes del movimiento insurgente no pueden abandonar territorio chiapaneco.

Si bien el procurador capitalino José Antonio González Fernández no quiso (durante una entrevista radiofónica) exponer una posición propia sobre el tema, dijo ayer que, "a petición de autoridad competente'' --y señaló a la PGR, cuyo titular es un panista--, podrían "actuar en contra'' de algunos miembros del EZLN.

También afirmó que la decisión final de aprehender a algún miembro del EZLN sería de la Secretaría de Gobernación.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Larios Santillán, pidió a los zapatistas que se quiten el pasamontañas para saber "con quién se está tratando'', mientras que el coordinador de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, Humberto Roque Villanueva, sostuvo que no se viola la Constitución al impedir al EZLN salir de Chiapas.

"El lugar para tratar los problemas de Chiapas es Chiapas'', comentó el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y las Iglesias Cristianas Evangélicas coincidieron con él.

Y en tanto que el PAN hizo un llamado al gobierno y al EZLN a ser prudentes y tomar una decisión que no afecte al diálogo, los sectores de izquierda del país tienen otra visión.

El presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, consideró un error político que el gobierno les niegue a los zapatistas el libre tránsito hacia esta capital, mientras que Porfirio Muñoz Ledo, ex dirigente perredista, dijo que la detención sería contraria a la ley e "inconveniente'' para el proceso de paz.

La Asamblea de Barrios exigió al gobierno que garantice condiciones de seguridad a los líderes insurgentes que arriben a esta ciudad. Inlcuso, los dirigentes Javier Hidalgo y Patricia Ruiz propusieron que sean alojados en la Cámara de Diputados o en el Senado.

El vocero en turno de la Cocopa, el senador Guillermo del Río Ortegón, defendió, vía telefónica desde Campeche, el derecho de los zapatistas a transitar por el país. Asimismo, diputados del PRD y el PT reprobaron la actitud asumida por la Secretaría de Gobernación en torno al tema, y opinaron que la amenaza de detenerlos demuestra "gran intolerancia del gobierno''.

En este contexto, Gobernación modificó ayer su postura inicial en torno a dicho viaje. Durante una reunión del director general de Gobierno de esa dependencia, Juan Burgos Pinto, con representantes de El Barzón, les dijo que Bucareli deseaba acabar con el "clima de tensión'' que se generó en los últimos días entre el grupo insurgente y el gobierno. (Angel Amador Sánchez, corresponsal, y la redacción).


Fuente: Periódico La Jornada 5 de octubre de 1996