Documentación histórica

Fundamentación Jurídica para el Libre Transito del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional dentro de la República Mexicana. (1996)

PARA LA OPINIÓN PUBLICA

En el Artículo 167 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1995, se define que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es “Un grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994 en el Estado de Chiapas.”

De lo antes expuesto, se infiere que los miembros integrantes de este grupo son ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, es decir, derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos del 1º al 29 y demás relativos concordantes).

Ahora bien, el Artículo 11 de la Constitución, al tenor dispone:

“Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”

Y si este derecho es norma para cualquier hombre, con mayor razón lo es para los nacionales que además han llegado a la edad de la ciudadanía.

Si esto no es suficiente, basta hacer referencia a que tales derechos también quedan englobados de modo universal en los Derechos Humanos que por su propia naturaleza son irrestrictos e irrenunciables y si de la redacción de la Ley para el Diálogo se pudiera desprender que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional goza de libertad para actuar y moverse exclusivamente en el territorio del Estado de Chiapas, tal interpretación y propósitos que de ésta se deriven, son abiertamente anticonstitucionales.

En conclusión, los Legisladores que promulgaron conjuntamente con el Presidente actual dicha Ley, al dar interpretaciones de la “Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”, en el sentido de que el problema y conflicto bélico presentado en Chiapas a partir del 1º de enero de 1994 quedaba reducido a dicho estado y de ello se derive la consecuencia inmediata de que también los integrantes del Ejército Zapatista deben quedar confinados a las zonas señaladas en la citada Ley (y aún esta determinación es oscura y ambigua), tal interpretación y propuestas están contraviniendo la supremacía del Texto Constitucional al violar las autoridades derechos irrestrictos e irrenunciables.

Tenemos que recordar que desde los meses de febrero, marzo y siguientes de 1995, el EZLN ha sido el grupo nacional más convencido de que los problemas deben solucionarse de manera plenamente política y no bélica y si su llamado fue en sus inicios de tipo militar, desde la fecha antes citada aceptaron con dignidad y convencimiento la renuncia al mismo subordinándose en todo al espíritu de un Estado de derecho Democrático y por consiguiente subordinarse también a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, para resolver problemas de tipo abierta y claramente nacionales y no regionales. En efecto, los problemas sobre miseria y quebrantamiento económico, la inestabilidad peligrosa de la vida política nacional que exigía y exige reformas electorales y con mayor profundidad una reforma del estado mexicano, etc.; otro gravísimo problema a solucionar fue el total abandono y marginación en que se encuentran los diversos grupos o etnias indígenas que como hasta el más ignorante sabe, estos problemas de grupos no existen sólo en el Estado de Chiapas, sino en todo el País, pero, además, Chiapas no es un islote que esté fuera del Estado Federal, ciertamente está integrado como miembro de una totalidad unitaria a la Federación, baste citar los Arts. 42 y 43 del Texto Constitucional.

Desde otro punto de vista y haciendo también una interpretación rigurosa a la Ley Suprema, ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo Federales están facultados para dictar sentencia en el sentido de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, exclusivamente deba transitar o manifestarse en el reducido espacio chiapaneco al que se le tiene confinado por el Ejército Nacional por órdenes superiores.

En efecto, el Artículo 14, en relación directa con los Artículos 16 y 21 C, en su párrafo segundo literalmente se expresa en los siguientes términos:

“Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecido, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”

Y hasta la fecha, que se sepa, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ningún juez del orden común o federal le ha dictado sentencia definitiva y ejecutoria de arraigo indefinido e intemporal (lo que sería un absurdo jurídico) para mantenerlo como ya se asentó, confinado y reducido a ejercer sus derechos únicamente en las limitadas zonas a que los tienen sometidos el Gobierno Federal y el Ejército Nacional

En conclusión y con fundamento en los preceptos constitucionales ya citados, los integrantes del EZLN como ciudadanos mexicanos, gozan de todos sus derechos constitucionales debiendo las autoridades federales y estatales, judiciales y administrativas respetar y garantizar esos derechos y en particular el de libre tránsito para que vengan a la ciudad de México al Congreso Nacional Indígena.

Para el Cuerpo de Asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Lic. y Maestra Yolanda Higareda Loyden
Lic. Bárbara Zamora López

México, 24 de septiembre de 1996


Fuente: Archivo Histórico de la CONAI. Documento 6092405