Documentación histórica

¿Queda esperanza para los pueblos indígenas?. (2002)

Miguel León-Portilla

Desposeídos, marginados, discriminados y parias en su propia tierra han subsistido penosamente los pueblos indígenas de México a través de cinco siglos. En el país ya independiente, apenas en 1992 se tomó en cuenta en la Constitución su presencia. Reformado su artículo IV, se reconoció la naturaleza pluricultural de México, "sustentada originalmente en sus pueblos indígenas". Sin embargo, tal reconocimiento, además del referente a la pluralidad de lenguas, no trajo consigo respuestas satisfactorias a requerimientos y demandas que los dichos pueblos continúan expresando y que son condición necesaria para su pleno desarrollo y participación en la vida social, política y económica del país.

Tan sólo el conflicto que se ha producido en Chiapas obligó al Estado mexicano a establecer un diálogo en el que se puntualizaron tales demandas. Se formularon así los llamados acuerdos de San Andrés Larráinzar. Puntos clave en la discusión fueron el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades de derecho público y con autonomía en sus respectivos territorios, de cuyos recursos debían ellos ser beneficiarios; su derecho a estar representados en los órganos legislativos y, por supuesto, a preservar sus lenguas y diferencias culturales.

No obstante tales acuerdos, cuando el Ejecutivo de la nación turnó a las cámaras un proyecto de reformas a varios artículos de la Constitución y a otras disposiciones, los legisladores procedieron desvirtuando los puntos clave de lo que habían sido los acuerdos de San Andrés. Los pueblos indígenas quedaron, en consecuencia, no sólo de hecho, sino también en el orden jurídico, nuevamente marginados y discriminados.

En reiterado intento, los indígenas promovieron muchos de ellos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia en relación con las dichas reformas. La resolución de ésta ha sido declarar improcedentes tales controversias. Quien formuló el proyecto de resolución, la ministra Olga Sánchez Cordero, declaró que su dictamen era "estrictamente jurídico y constitucional en este asunto, con independencia de mi sentimiento de solidaridad personal con las comunidades indígenas".

Esta resolución de la Suprema Corte ha provocado rechazo en grandes sectores de la sociedad. Algunos la han considerado al modo de Poncio Pilatos, que sencillamente se lava las manos frente el problema de fondo. Ante esta situación cabe pensar en algunos de los escenarios que podrán presentarse. Uno es la reaparición y el incremento de actos de violencia y represión, de los que ha habido últimamente brotes no sólo en Chiapas, sino también en otros estados. Otro escenario podrá darse en poco tiempo. Estamos en vísperas de las campañas electorales para renovar una parte de los miembros del Congreso de la Unión. ¿Se esgrimirán en las campañas de los candidatos de los varios partidos argumentos y promesas de reconsideración de las reformas constitucionales que se han hecho en materia indígena? ¿Negarse a revisar lo legislado contribuirá al triunfo o a la derrota de los candidatos de un partido? ¿Qué otras consecuencias podrá tener desentenderse y despreciar las demandas de los pueblos indígenas?

Un tercer escenario que a todas luces es el deseable, por no decir necesario, es justamente abocarse cuanto antes a revisar las reformas que se han hecho y reformar de nuevo, en consonancia con las demandas y los acuerdos, los artículos de la Constitución y de otras leyes que, en materia indígena, lo requieran. Y en esto el Presidente de la República puede jugar un papel muy importante. Recordemos que fue él quien sometió al Congreso un proyecto mucho más apegado a los acuerdos de San Andrés y a lo propuesto por la Cocopa.

El presidente Vicente Fox debe conocer el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este documento ha sido ratificado por México y en consecuencia tiene aquí fuerza de ley. Mucho de lo que en el Convenio 169 se establece concuerda sustancialmente con las demandas de los pueblos indígenas. Si el Presidente exige el cumplimiento de lo establecido en él, estará dando un paso de obvias consecuencias.

¿Aprovechará el presidente Fox esta coyuntura para fortalecer su imagen política? ¿Será él, como titular del Poder Ejecutivo, o los integrantes del Legislativo los que actuarán en este asunto de prioridad nacional y elemental justicia?

Si una de estas posibilidades, o ambas, se convierten en realidad, entonces la resolución de la Suprema Corte de Justicia, paradójicamente, habrá sido detonante de un proceso que otorgará a los indígenas lo que con derecho reclaman. Reavivarán así la esperanza de situarse en el ser pleno del país, con la riqueza de su personalidad, fincada en su legado cultural que tanto ha contribuido a configurar el rostro y el corazón de México.


http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020907leonportilla.htm