Documentación histórica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por los Pueblos Indígenas contra la Reforma Constitucional. (2002)

Informe elaborado por SIPAZ

"Nosotros hemos luchado mucho, pero hemos avanzado poco. Hemos tocado muchas puertas a nivel estatal y federal, y hasta internacional, pero poco caso nos han hecho. ¿Por qué no nos hacen caso las autoridades? Nuestra misma gente nos pregunta: ¿a qué venimos a la ciudad si nunca nos toman en cuenta? ¿Hasta cuándo nos van a escuchar?, o ¿es necesario que se levante otra vez el EZLN para que nos escuchen?"(Autoridades indígenas reunidas en el Distrito Federal el 12/9/02).

A un año de haberlas recibido, el 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar improcedentes las controversias constitucionales presentadas por diversos municipios indígenas en contra del procedimiento de reforma constitucional en materia de derechos indígenas (ver Coyuntura en el informe).

La resolución se fundamentó en que, según la Corte, el articulo 105 constitucional, fracción I -que establece los asuntos de competencia de la SCJN en materia de controversias constitucionales- no faculta al máximo órgano judicial a revisar los procedimientos de reforma constitucional, ya que el llamado Órgano Reformador no es de igual naturaleza que aquellos que realizan las funciones de gobierno (aunque lo conforman el Congreso federal y las legislaturas de los estados). En pocas palabras, la Corte consideró que no tiene facultad para juzgar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución emanadas del Poder Legislativo.

Las reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones indígenas de Chiapas expresaron su profunda decepción por el fallo. En una declaración conjunta afirmaron: ".... volvemos a ser excluidos. No somos nada para ellos (...) ninguno de los tres poderes está escuchando ni entendiendo nuestra lucha y han cerrado las puertas para la paz con justicia y dignidad. Y el estado Mexicano sólo está preocupado en intereses transnacionales y en el Plan Puebla-Panamá".

Desde el 6 de septiembre hasta hoy, las organizaciones indígenas han venido realizando de manera pacífica acciones de protesta locales y de carácter nacional: marchas, bloqueos, plantones, actos y encuentros, que en su mayor parte fueron ignorados por los grandes medios de comunicación. En todas ellas el énfasis estuvo en la decisión de desconocer la reforma indígena y ejercer la autonomía que se les niega por la vía de los hechos.

Las concentraciones principales fueron el Encuentro Nacional de Pueblos Indios (Chilpancingo, Guerrero, 12 y 13 de septiembre) y el III Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional (Atlapulco, Estado de México, de 14 al 16). En el primero, 200 representantes de 36 organizaciones convocaron a los pueblos indios a articular su movimiento y emprender iniciativas conjuntas para el ejercicio directo de la autonomía, y a la sociedad civil a unir fuerzas para la construcción de un proyecto de nación plural y democrático. En el segundo, unos 500 delegados de 29 pueblos originarios dieron a conocer la 1ª Declaración de M’enhuani, en la cual afirmaron su reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés como única ley en materia indígena, y llamaron a los pueblos indios a fortalecer todas las expresiones de autonomía en las distintas regiones del país.

Asimismo, se acordó realizar el 12 de octubre una gran jornada de protesta y movilización nacional e internacional. También algunas organizaciones nucleadas en el Congreso Nacional Indígena anunciaron que continuarán la batalla legal, interponiendo recursos de amparo para evitar que la reforma se aplique en sus territorios, y recurriendo a la OIT y al sistema interamericano.

El EZLN, sin embargo, hasta el momento ha guardado silencio. Un "silencio elocuente", según interpretó Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas: " Su respuesta la ha dado con su silencio; para ellos esa es la forma de responder, ellos piensan que desde el momento en que no se aceptan las propuestas que ellos han hecho, los compromisos que se hicieron con ellos de parte del gobierno, consideran que es inútil del diálogo".

Una de las críticas más fuertes a la SCJN provino de un amplio y reconocido sector de la sociedad civil, conformado por ONGs, los principales centros de DDHH, organizaciones sociales, académicos e intelectuales destacados, quienes calificaron al fallo como una "burla" que reproduce "la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista" a la que han estado sometidos los indígenas de México. El comunicado concluye afirmando que "nadie tiene ya autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad".

La Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado donde convoca a la sociedad mexicana a un Diálogo Nacional -al que contribuya la comunidad internacional- para buscar hacer realidad las palabras del Papa en su reciente visita a México: "México necesita a sus indígenas, y los indígenas necesitan a México". Los obispos católicos afirman: "... como Iglesia, queremos fortalecer nuestro compromiso con los indígenas. No es posible seguir viviendo en un México dividido por el racismo y la discriminación; los pueblos indios merecen con justicia un reconocimiento a sus culturas, a su modo de ver y a su autonomía".

Desde el mundo protestante, el líder de la Iglesia Presbiteriana, Pastor Abner López, exhortó al Congreso a tener la suficiente sensibilidad para revisar las reformas constitucionales en materia indígena, pues de otra forma será prácticamente imposible continuar el diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno federal. También criticó al gobierno del presidente Fox, pues su preocupación por los pueblos indígenas ha sido "sólo en apariencia".

El gobierno de Chiapas sostuvo que la decisión de la Corte "no puede ser vista como el fin del camino, sino como el inicio de una nueva etapa de la que deben surgir nuevas iniciativas de paz". Afirmó también que el Congreso de la Unión debe evaluar la posibilidad de impulsar una reforma adicional, pues "Ningún esfuerzo es excesivo en estos tiempos si con ello se expresa la voluntad inquebrantable de responder a los pueblos indios y abonar la paz". Asimismo, afirmó que la disposición al diálogo y la negociación del gobierno de Chiapas "se mantienen inalterables".

A nivel político, el rechazo categórico provino del PRD, mientras que en el PRI se expresaron diferentes opiniones, desde quienes pidieron abocarse de inmediato a considerar "la reforma de la reforma" hasta los que afirmaron que el tema no necesita ni debe ser reconsiderado. La mayoría de los legisladores del PAN aprobaron el fallo de la SCJN. Las expresiones al interior de la COCOPA fueron un reflejo de esta falta de consenso respecto al tema.

El Poder Ejecutivo –a través del Secretario de Gobernación Santiago Creel y del Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez- manifestó su estricto respeto a la resolución de la SCJN, al mismo tiempo que "mantendrá permanentemente abiertos los canales para un diálogo respetuoso con el Poder Legislativo y con otros actores sociales y políticos, a fin de consolidar el reconocimiento de los derechos de los indígenas en el marco jurídico nacional". También reiteró su disposición "inalterable" a reanudar las conversaciones con el EZLN n

Análisis

El fallo de la SCJN representa un golpe para las esperanzas de reanudación del proceso de paz en Chiapas, y para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas de México. Después de haberse sentido abandonados por el Ejecutivo y traicionados por el Legislativo, los pueblos indígenas esperaban que el Poder Judicial les diera la razón para invalidar una reforma cuya legalidad es cuestionable -en la medida que el procedimiento para su aprobación estuvo viciado- y que carece de legitimidad, puesto que fue rechazada por quienes supuestamente son sus beneficiarios.

Llama la atención que la Corte demorara más de un año para tomar una resolución que ni siquiera se refirió al contenido o el procedimiento de aprobación de la reforma impugnada, por considerar que no tenía facultades para ello. Sin embargo, esa decisión tan postergada se dio a conocer en el momento de mayor conflictividad política y vulnerabilidad social en Chiapas, inmediatamente después de una escalada de violencia que cobró las vidas de varios dirigentes civiles zapatistas.

En este contexto, la resolución de la SCJN, lejos de contribuir a la distensión de la situación, es probable que agregue un factor de radicalización a la dinámica de confrontación que hoy se vive en Chiapas y en otros estados del país, reafirmando la convicción de quienes creen que las vías legales para plantear pacíficamente sus demandas se han cerrado.

Por otro lado, es preocupante el precedente que sienta esta resolución para el futuro de las instituciones democráticas mexicanas: si el máximo órgano del Poder Judicial no se considera facultado para velar por la constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna, ¿a qué institución del Estado corresponde esa función esencial?

Es también preocupante la señal que el Estado mexicano envía al mundo respecto a su voluntad de cumplir los compromisos asumidos, tanto a nivel nacional (en los Acuerdos de San Andrés) como internacional (al ratificar el Convenio 169 de la OIT). La SCJN ha dejado pasar una oportunidad histórica para (en un mismo pronunciamiento) hacer valer las demandas y derechos de los pueblos indígenas, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática e impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.

Esperamos que, a pesar de este sombrío panorama, los diferentes actores involucrados en este conflicto -que trasciende las fronteras de Chiapas para enfrentar una vez más al Estado mexicano con sus pueblos originarios- harán los mayores esfuerzos para buscar, con responsabilidad y honestidad, los caminos de entendimiento necesarios para desbloquear la actual situación.

Asimismo, consideramos que cualquier solución, para que sea sustentable, debe anteponer -por encima de los intereses económicos y políticos, sectoriales y transnacionales- el legítimo derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus formas de organización social, económica y política, así como a preservar sus territorios y los recursos naturales existentes en ellos, que son la garantía de su existencia presente y la esperanza de un futuro mejor para sus descendientes.


http://www.sipaz.org/vol7no3/indexs.htm