Documentación histórica

El Dictamen del Senado, a favor del Plan Puebla Panamá y no de los derechos indígenas. (2001)

Ana Esther Ceceña

Antes de su aprobación, la ley de Derechos y Cultura Indígena ya es objeto de una contrareforma. El dictamen aprobado en el Senado de la República pone en riesgo las posibilidades de la democracia y la legitimidad de las instituciones que han sido creadas para representar a la nación.

La iniciativa de ley presentada por el Presidente Fox al Congreso desde el primer día de su mandato es una propuesta emanada de uno de los debates nacionales de mayor envergadura. Los Acuerdos de San Andrés son resultado de un replanteamiento de la nación y del significado de la democracia en un mundo en que el derecho a la igualdad pasa, necesariamente, por el reconocimiento de la diferencia.

Lo indígena forma parte del ser nacional conformado por culturas superpuestas y en interlocución, que ocultas en la historia han sido, paradójicamente, puestas en evidencia por la modernidad. Es innegable la presencia indígena en el mestizaje que caracteriza a la mexicanidad contemporánea, la que no podría reconocerse sin los aportes de las culturas que precedieron a la constitución de la nación y se han desarrollado, aunque con inmensas limitaciones, dentro de ella.

En los Acuerdos de San Andrés, y en la formulación jurídica elaborada desde 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (conocida como ley Cocopa), se estableció realmente una nueva concepción de la sociedad mexicana mucho más moderna y madura, apegada a su realidad y consecuente con las legislaciones internacionales suscritas por México.

La importancia histórica de esta ley consiste en el reconocimiento de sujetos políticos de naturaleza distinta, atendiendo a la diversidad de culturas que da sustancia a la sociedad mexicana. Así, la ley Cocopa sanciona la existencia de sujetos colectivos que, para ejercer su derecho, no seguirán siendo obligados a individualizarse adoptando una personalidad que no les corresponde: los Pueblos Indios ("...son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas").

Este reconocimiento otorga a los Pueblos Indios, puesto que se reconocen como sujetos políticos, la facultad de autodeterminarse y organizar su vida de conformidad con sus propias costumbres y visiones, y "acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación". Y, dentro de sus tierras y territorios, "...el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones."

Ésta, que es la parte medular de la ley Cocopa, otorga a México la oportunidad de instaurar un régimen democrático ejemplar en que la igualdad ante la ley no implique la despersonalización de los sujetos ni la individualización de los colectivos y en que ninguna diferencia implique inferioridad.

Este nuevo concepto de la nación y la democracia ha sido compartido por grandes sectores de la sociedad mexicana. Primero, deteniendo la guerra y participando directamente en los diálogos de San Andrés y en la construcción de los Acuerdos firmados; más adelante, si sólo mencionamos los momentos más significativos, en la amplia consulta nacional convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1997 y en la que se pronunciaron tres millones de mexicanos, indígenas y no indígenas, por la aprobación de la ley; y, finalmente, con la presencia masiva que acompañó la Marcha de la Dignidad Indígena y que se convirtió en clamor por el cumplimiento de las tres señales para reanudar el diálogo (aprobación de la ley; liberación de los presos zapatistas y retiro del ejército de 7 posiciones militares).

Sin embargo, en la democracia que padecemos, no sólo hay intolerancia hacia los mexicanos comunes, individuales o colectivos, sino que parece demostrarse que hay una ciudadanía estamental en la que los ciudadanos no son iguales ante la ley. La ciudadanía adquiere connotaciones distintas tratándose de empresarios, funcionarios y especuladores o de trabajadores, campesinos, estudiantes, burócratas y pobres.

La ley de Derechos y Cultura Indígena se encuentra en dificultades porque su aprobación no favorece los grandes negocios previstos en el Plan Puebla Panamá y los legisladores han preferido introducirle modificaciones contrarias al mandato de la sociedad y a la alta responsabilidad de crear condiciones para que en el país florezca la democracia y no la guerra.

Los Pueblos Indios de este país piden autonomía y el dictamen aprobado en el Senado les ofrece crear empleos. Ellos dicen que no vienen por migajas sino a reclamar el reconocimiento que les corresponde como mexicanos y los condenan a ser entidades "de interés público", igual que lo puede ser un monumento histórico o una reserva ecológica, en vez de sancionarlos como sujetos con igualdad de derechos.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades es dejado para legislaciones menores ("El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas").

Aunque se habla de la libre determinación y autonomía sus sistemas normativos no son "convalidados" y esto implica, entonces, que no hay igualdad ante la ley. Puesto que no son sujetos de derecho, no son iguales que el resto de la población nacional a la que sí se le reconocen sus "usos y costumbres" otorgándoles sanción jurídica. No es verdad que se reconoce la diferencia cuando ésta no tiene una expresión jurídica correspondiente. Los pueblos indios serán tutelados puesto que son entidades de interés público de acuerdo con el dictamen.

La "composición pluricultural" de la nación, que es reconocida tanto en la ley Cocopa como en el dictamen, implica el reconocimiento de significados distintos de territorio y naturaleza.

El territorio en la cosmovisión maya es el símbolo de la dualidad original que se manifiesta tanto en el conjunto montaña-valle como en la masculinidad-feminidad. Para los pueblos mayas la tierra, nuestra madre, siempre está acompañada por la montaña que es la representación de la masculinidad. Y es sólo mediante la combinación de ambos que mana la vida de la tierra (Gudrun Lohmeyer:2001). El territorio tiene un sentido histórico y cultural que no puede ser disociado de la existencia de los pueblos indios como tales. Por eso en San Andrés la referencia al territorio es indispensable para poder garantizar la autodeterminación sobre los diferentes aspectos de la vida colectiva de los pueblos indios y su eliminación en el Dictamen del Senado deja sin sustento toda mención a la autonomía.

No hay ningún indicio que nos permita suponer que los legisladores actuaron de manera descuidada al evaluar la ley Cocopa y emitir su dictamen. Lo que sí es posible identificar dentro de las modificaciones introducidas es una gran similitud con algunos de los planteamientos del Plan Puebla Panamá, en su versión ejecutiva.

En un nuevo apartado que los senadores adicionan a la ley se establece: "Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización." Nada más ajeno a la autonomía que se reclama que sancionar, eso sí constitucionalmente, la manera como los pueblos indios tendrán que ser tutelados para lograr la "suficiencia económica".

Posiciones como ésta fueron rechazadas en San Andrés y quedaron fuera de los Acuerdos y la ley Cocopa por ser contradictorios con el reconocimiento de la autodeterminación que implica el de las modalidades de organización productiva y uso del territorio de los pueblos indios.

Sin embargo, no son contradictorias con lo asentado en el Plan Puebla Panamá que propone, entre sus objetivos, "promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos.." y "promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de desarrollo entre la región Sur-Sureste de México y los países de Centroamérica".

Por supuesto, para ello es necesario vaciar de contenido y de posibilidades reales (territoriales) la demanda de autonomía y el ejercicio de la libre determinación, al tiempo que se elimina toda referencia al uso colectivo de la tierra y el territorio y se establece, en cambio, la tenencia individual como única reconocida constitucionalmente.

En la medida que los indígenas no aspiren más que a conseguir un empleo se respetará su libre determinación; en la medida que los indígenas migrantes estén dispuestos a emplearse como jornaleros se buscará garantizar sus derechos, en la medida que los Pueblos Indios no pretendan tener dignidad, pueden lograr el reconocimiento.

¿De qué manera se va a garantizar que los legisladores acaten el mandato del pueblo? Si con una movilización masiva y prolongada como la que ha suscitado la aprobación de la ley de Derechos y Cultura Indígena no se sienten interpelados, ¿cuántas sublevaciones más necesitamos para que en este país pueda construirse la democracia?


http://www.ezln.org/san_andres/cecena010430.htm