Documentación histórica

San Andrés: los saldos de un incumplimiento. (2004)

Francisco López Bárcenas

Hace ocho años, en un municipio del estado de Chiapas llamado San Andrés Sacamch'em de los Pobres, el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firmaron unos acuerdos sobre derechos y cultura indígenas. Eran los primeros de una serie que debían conducir a la firma de la paz entre el gobierno y los rebeldes. Era también la esperanza de que en México entráramos al siglo xxi con los derechos indígenas reconocidos. Porque, aunque muchos reconocíamos que los acuerdos de San Andrés no contenían todos los reclamos de los pueblos indígenas, también éramos conscientes de que lo sustancial estaba en ellos y podía servir de base para comenzar a construir una nueva sociedad.

Pero ni el gobierno firmante ni su sucesor cumplieron con lo acordado, por más que los dos prometieron que lo harían. Ambos terminaron simulando que cumplían su palabra cuando en realidad lo que hacían era poner obstáculos para que los reclamos de los pueblos indígenas pudieran concretarse. La burocracia gubernamental también intentó apropiarse del discurso indígena, pero no pudo articularlo, porque la lógica de aquél es transformar el país para que sus derechos puedan concretarse, mientras la del gobierno es seguir fungiendo de administrador del gran capital, que es quien en realidad toma las decisiones fundamentales sobre el rumbo del país.

Agotada la posibilidad de que el gobierno reconociera los derechos de los pueblos indígenas, reformara sus instituciones y transformara sustancialmente sus políticas para que pudieran ejercerse, los pueblos indígenas regresaron a sus lugares de origen a construir su futuro, con la razón de sus argumentos y los resquicios que la legislación internacional y alguna nacional o estatal le dejaban, pero sobre todo, apostando a su propia capacidad de construir nuevos caminos para un nuevo fin: dejar de ser los sometidos de siempre y conquistar su derecho a la igualdad en la diferencia, en otras palabras, dejar de ser tratados como mexicanos de segunda o súbditos de los monarcas temporales en turno.

Los saldos de esa decisión arrojan resultados diversos. Por distintas partes del país se ven aparecer como hongos los gobiernos autónomos, algunas veces con declaración expresa de serlo y otras sin ella. Pero también de manera paralela a ellos se ve llegar la represión del Estado, la mayoría de las veces desde el mismo gobierno, pero en otras esa tarea queda a cargo de caciques regionales que funcionan como sus aliados, y no faltan quienes, camuflados con el discurso indígena, luchan contra ellos, sembrando la confusión o creando conflictos entre comunidades indígenas.

La otra línea de la resistencia indígena se encuentra en la lucha por el control territorial. Uno de sus efectos ha sido mostrar los centenares de conflictos agrarios que existen por todo el país, producto del despojo estatal hacia los pueblos indígenas, de los errores de la reforma agraria y de la necesidad que tiene el aparato estatal de mantener los conflictos para someter a los dueños de la tierra. En lugar de atender las causas profundas de esos conflictos, al actual gobierno lo que más se le ha ocurrido es consolidar una bolsa de dinero para repartir entre las partes si se ponen de acuerdo y llegan a un arreglo. Que esto no es la solución lo demuestra el hecho de que en algunos casos declarados resueltos por el gobierno, días después las partes siguen agrediéndose, o que mientras el Presidente de la República entrega legalmente la tierra que los indígenas han recuperado, otros actores declaran que el problema continúa.

En fin, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por el gobierno no ha sido obstáculo para que los pueblos indígenas sigan viendo en él un documento muy importante, porque contiene sus derechos mínimos y ellos participaron en las discusiones que lo concretaron. Pero luchar por que su contenido se haga realidad les ha costado muchas lágrimas y sangre. Aunque no sólo los indígenas han perdido, dentro de los saldos a la baja hay que contar la deslegitimación del gobierno de la transición, que prometió cumplir la palabra empeñada con los pueblos indígenas y no lo hizo. También pierde la sociedad, que no ha podido dejar atrás el régimen autoritario en que por décadas ha vivido. Es más, desde otro ángulo, se puede decir que en realidad pierden más el gobierno y la sociedad, porque los pueblos indígenas han ganado en presencia y dignidad.


Fuente. La Jornada. México D.F. Domingo 15 de febrero de 2004