Documentación histórica

La Campaña Zenofóbica y Los Acuerdos de San Andrés. (1998)

Chiapas al Día, No. 95 Chiapas, México

18 de febrero de 1998

CIEPAC

El 16 de febrero se cumplieron dos años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre la Mesa 1, Derechos y Cultura Indígena. A finales de eses mismo año de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) integrada por los legisladores representantes de los partidos políticos en el Congreso de la Unión, elaboró la propuesta de Ley sobre dichos Acuerdos. Mientras que el EZLN nuevamente negocia su contenido aceptando la propuesta ya que consideró que omitía muchos logros obtenidos en los acuerdos originales, el gobierno la rechaza y propone posteriormente 29 observaciones a la propuesta de Ley.

Este es el punto nodal de los Acuerdos de San Andrés. Durante estos dos años, diversos actores de todo tipo incluido el EZLN, han acusado al gobierno de traicionar su palabra para cumplir lo firmado, que en su lugar orquesta una campaña de desgaste contra la sociedad civil y el mismo EZLN, que militariza más la entidad, que crea paramilitares, que divide a las organizaciones campesinas, que quiere desaparecer o por lo menos debilitar a la COCOPA y a la CONAI, que asesina, desaloja y crea desplazados en una guerra de baja intensidad, y muchos mecanismos más para buscar el modo de no cumplir con los Acuerdos constitucionalmente.

Durante este tiempo, miles de extranjeros y nacionales se hicieron presentes en diversos actos convocados por el EZLN como los encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Del mismo modo, muchas delegaciones extranjeras visitaron los Aguascalientes y los Campamentos Civiles de Paz para ser testigos de la situación de los derechos humanos en Chiapas así como otras Ong’s extranjeras que visitaron la entidad.

A casi dos años de esta estrategia de desgaste y de guerra de baja intensidad, la masacre de Acteal produjo, entre otras muchas cosas, una reacción sin precedentes desde el levantamiento armado por parte de la sociedad civil internacional denunciando la situación y volviendo al centro del debate el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Esta presión internacional produjo impactos políticos de gran magnitud no solo para Chiapas sino para el país que ya se venían anunciando.

Cuando todos los sectores del país se pronunciaban sobre el diagnóstico de la situación en Chiapas, la CONAI y LA COCOPA, en enero del presente año, formulan 10 puntos claves para la reactivación del diálogo lo que obliga al gobierno a tomarlos en cuenta por ser las instancias de mediación y coadyuvancia a la negociación. Así, la presión política sobre el gobierno aumenta y la solidaridad internacional centra también sus reclamos sobre esos ejes: 1) Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; 2) Respeto a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna; 3) Disminuir la presencia militar; 4) Desarmar a los grupos paramilitares; 5) Acelerar la investigación sobre la masacre de Acteal; 6) Atención a los desplazados; 7) Indemnización de los deudos del conflicto; 8) Liberación de presuntos zapatistas presos; 9) Generar mecanismos de conciliación regional y; 10) Reactivar los trabajos de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER).

De este modo, el gobierno utiliza a la desacreditada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que emita las recomendaciones que el gobierno siente la obligación de solucionar como fruto de la presión política. Así, la comisión recomienda la liberación de presos, el cese de funcionarios chiapanecos, la ayuda humanitaria a los desplazados, la indemnización a sus familiares, el desarme de los paramilitares y, ahora, recomienda resposicionar al Ejército Mexicano. Todas estas recomendaciones han sido acatadas parcialmente, con dificultades y otras no se han llevado a cabo. Sin embargo, éstas son las barajas que utiliza el gobierno para afirmar que está respondiendo a las demandas del EZLN a cambio de que acepte las 4 observaciones que ha enviado a la Comandancia sobre la propuesta de Ley. La posible reubicación de las tropas del ejército es ahora la última baraja política de presión contra el EZLN.

El EZLN, en voz del comandante Ezequiel, dio su respuesta en días pasados en una marcha que realizó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas: no aceptaremos modificaciones a la propuesta de Ley de la COCOPA, “o todo o nada”. A esta respuesta, la Secretaría de Gobernación respondió fortaleciendo el discurso de que el EZLN no quiere el diálogo.

Sin embargo, esta presión política contra el gobierno tiene otro costo. Sin precedentes, lanza una campaña contra los extranjeros en el Chiapas donde hacen eco las plumas de los medios impresos gubernamentales, los empresarios, el Partido de Acción Nacional (PAN) y algunos noticieros televisivos.

Hace algunos días, Televisión Azteca desciende en La Realidad cuando a su vez es rodeado por indígenas, extranjeros y nacionales del Campamento Civil de Paz. A su regreso, el helicóptero voló el techo de la escuela hiriendo a un niño y a una mujer. Este acontecimiento recrudece las opiniones sobre la injerencia extranjera en el conflicto armado hasta con argumento absurdos y manipulaciones de imágenes. A su vez, personal de migración intensifican la campaña de persecución contra los extranjeros en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, deteniéndolos en las calles, arribando a domicilios, hoteles y negocios donde presuntamente se encuentran extranjeros. Esto se da en el contexto del arribo de casi 200 extranjeros de la Comisión Civil Internacional de Observación que aumenta las críticas gubernamentales contra la injerencia extranjera y exaltando el patriotismo y la soberanía mexicana.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informa que entre 1996 y 1997, ingresaron a la Zona de Conflicto 4,533 extranjeros de 276 organizaciones (96 Ong’s, 28 fundaciones, 64 instituciones académicas, 42 privadas, 45 religiosas; 71 diplomáticos la mayoría europeos); que 500 extranjeros con forma migratoria de turistas se encuentran permanentemente en la Zona de Conflicto y que al menos 400 extranjeros podrían ser deportados en las próximas semanas.

A estas alturas, ya han sido deportados dos extranjeros de nacionalidad estadounidense en los últimos 10 días.

Todos los actores que se han pronunciado por la defensa de la presencia de observadores extranjeros en Chiapas han sido acusados por el gobierno y por otros sectores allegados a él, de “traidores a la patria”. La CONAI es nuevamente sujeta de ataques por favorecer supuestamente la injerencia internacional, lo mismo que diversas organizaciones y hasta miembros de la COCOPA del PRD que han denunciado la manipulación de los medios de comunicación y la “campaña xenofóbica” del gobierno. Nuevamente se intenta desacreditar y debilitar a las instancias de mediación y coadyuvancia al tiempo en que el gobierno pide al EZLN que ponga fecha para discutir sus 4 puntos de observación a la propuesta de Ley de la COCOPA.

En medio de estos acontecimientos, fue duramente criticado el jurista Ignacio Burgoa al afirmar que los Acuerdos de San Andrés no tienen validez jurídica, que la COCOPA y la CONAI deben desaparecer, que el presidente Zedillo debe acabar con la rebelión indígena con el uso del Ejército Mexicano lo que aplaudiría la Nación, etc.

Por su lado, el gobernador interino de Chiapas ha lanzado varias iniciativas: 1) La creación de una fuerza antimotín compuesta por 500 mujeres sin armas quienes serían ahora las que podrían enfrentar a las mujeres indígenas que en primera fila rechazan la presencia del ejército en las comunidades; 2) Una iniciativa de paz que dará a conocer la próxima semana que ha generado la crítica en el sentido de minimizar los Acuerdos de San Andrés; 3) Una oficina de atención a corresponsales de medios de comunicación para contrarrestar la información con el contenido gubernamental y; 4) Creación de juzgados de paz y conciliación indígena argumentándola como una “propuesta gubernamental de vanguardia”.

Todos estos acontecimientos parecieran encaminarse a varios objetivos: 1) desacreditar y debilitar a la CONAI y COCOPA; 2) desviar la atención sobre la investigación de la masacre de Acteal; 3) desviar la atención sobre el desarme de los grupos paramilitares lo cual no se ha hecho; 4) insistir en que el gobierno está realizando acciones para reanudar el diálogo y desacreditar al EZLN; 5) Abrir nuevos frentes de negociación; 6) Eliminar los ojos internacionales en Chiapas; 7) Eliminar los municipios autónomos utilizando a los grupos paramilitares; 8) Renegociar, en definitiva, los Acuerdos de San Andrés a su mínima expresión.

EL EJERCITO MEXICANO

El Ejército Mexicano continúa informando sobre su “labor social”, donde afirma que tiene 20 equipos que han ofrecido consultas médicas, servicio de odontología, vacunas, pacientes evacuados, servicios de pintura, albañilería, plomería, limpieza de aulas escolares, limpieza de tinacos, construcción de caminos, desasolve de canales, reparación de aparatos electrodomésticos, reparación e instalaciones eléctricas, cortes de cabello, curaciones, inyecciones, pláticas de higiene y educación sexual.

La supuesta labor social del ejército y sus diversas acciones sustituye a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), de Educación Pública (SEP), de Reforma Agraria (SRA), del Instituto Mexicano de la Salud (IMSS), del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Policía de Seguridad Pública, a los poderes locales (presidencias municipales), etc. Sin embargo, el informe de estas acciones son irrisorias en relación a la población afectada. El objetivo primordial es poder acceder a las comunidades, cambiar la imagen del mismo ejército, obtener información y controlar el aparato de estado por su camuflaje en las secretarías y dependencias gubernamentales tanto estatales como federales.

En los últimos días, la prensa ha informado sobre la presencia de nuevos vehículos no vistos antes en la zona de La Realidad. Vehículos blindados con torretas artilladas y vehículos anfibios que han patrullado por la región.

LA AGENDA SOCIAL

- 5 mil indígenas de las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP) de los Altos, Selva y Fronteriza marcharon hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en días pasados para demandar la desmilitarización y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, entre otras demandas.

- Los maestros de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE) realizaron marchas en varias ciudades del estado: ïchucalco, Simojovel, Palenque, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Motozintla, quienes demandaron la salida del ejército mexicano de las comunidades, el desarme de los grupos paramilitares, castigo a los responsables de la masacre de Acteal y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

- Organizaciones campesinas e indígenas se reunieron en Ocosingo para analizar la situación de Chiapas y demandaron de igual modo, entre otras cosas, el cumplimiento de los Acuerdos.

-Arribará próximamente la primera caravana del norte del país con toneladas de ayuda humanitaria procedentes del estado de Nuevo León.

LAS INVERSIONES PARA CHIAPAS

El gobierno impulsa la imagen de que México es un “país de oportunidades”. Así, varias empresas se aventuran a la inversión en Chiapas haciendo eco de que solo la inversión económica eliminará el problema político de los Acuerdos: El grupo Pulsar (de México); la Nestlé (de Suiza); la empresa Barry Callebout (de Francia) que al año consume 300 mil toneladas de granos de cacao que significa el 12% de la producción mundial; la empresa Herdez; el Fondo Chiapas de empresarios mexicanos que acaban de recibir 5 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional para América Latina y el Caribe que se suman a sus 7.8 millones de dólares del fondo; y la aprobación del Congreso Local de una empresa de participación mayoritaria que tendrá como objeto la operación, administración y manejo de los aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje en el estado de Chiapas.

Sin embargo, todas estas empresas reforzarán o tendrán su inversión en la zona del Soconusco, donde la presencia simpatizante zapatista, de municipios autónomos, de grupos armados priístas y paramilitares se van acercando a la región. Estas inversiones subsidiarán los costos de las cuantiosas inversiones estatales que ha hecho el gobierno al estado de Chiapas y que no han generado impacto. El mismo gobierno confirma que Chiapas es el estado que más apoyos económicos ha recibido para la creación de empleos, proyectos productivos, etc., al mismo tiempo en que la toma de muchas presidencias municipales se han llevado a cabo en los últimos días acusando a los ediles de malversación de fondos públicos, de apoyar y financiar grupos paramilitares, etc.

LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES, MESA 1
“DERECHOS Y CULTURA INDIGENA”

(Extracto)

NUEVO MARCO JURIDICO

5. El establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como un punto de partida necesario la edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas. El Gobierno Federal asume el compromiso de impulsar las siguientes acciones:

1. El reconocimiento en la Constitución Política nacional de demandas indígenas que deben quedar consagradas como derechos indígenas.

a) Derechos Políticos. Para fortalecer su representación política y participación en las legislaturas y en el gobierno, con respeto a sus traiciones y para garantizar la vigencia de sus formas propias de gobierno interno.

b) Derechos de jurisdicción. Para que se acepten sus propios procedimientos para designar sus autoridades y sus sistemas normativos para la resolución de conflictos internos, con respeto a los derechos humanos.

c) Derechos sociales. Para que se garanticen sus formas de organización social, la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales y sus instituciones internas.

d) Derechos económicos. Para que se desarrollen sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo y de mejora de la eficiencia de la producción.

e) Derechos culturales. Para que desarrollen su creatividad y diversidad cultural y la persistencia de sus identidades.

2. El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho político, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se le asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferirse.

3. El reconocimiento de que en las legislaciones de los estados de la República, deben quedar establecidas las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos indígenas.

En la determinación del marco jurídico y en la definición de las particularidades de la nueva relación del Estado con los indígenas, el Poder Legislativo será decisivo. El Gobierno Federal propondrá al Congreso de la Unión que establezca un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas, y a los Congresos de los estados que consagre legalmente las especificidades que mejor reflejen las diversas situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas del país.

4. En la Constitución de la República deberán reformarse varios artículos. El Gobierno Federal se compromete a impulsar las siguientes reformas:

a) Artículo 4º. Para que las demandas arriba señaladas (punto 1. y 2.) queden consagradas como derechos indígenas.

b) Artículo 115. Para que se fortalezca el pacto federal y se garantice la participación de las comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos y de los municipios mayoritariamente indígenas en los asuntos públicos.

c) Otros artículos derivados de las anteriores reformas y para expresar en la Carta Magna los contenidos de la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas.

5. En las leyes reglamentarias e instrumentos jurídicos de carácter federal que correspondan, deberán asentarse las disposiciones que las hagan compatibles con las reformas constitucionales sobre derechos indígenas.

Al respecto, el Gobierno Federal se compromete a impulsar que, a partir de las reformas constitucionales, se emita la legislación general que permita contar de inmediato con mecanismos y procedimientos jurídicos para,

a) que se inicie la revisión y las modificación de las diversas leyes federales;

b) que se legisle en los estados de la República.

6. En la legislación de los estados de la República relativa a las características de libre determinación y autonomía indígena, el Gobierno Federal reconoce que se deben tomar en consideración los siguientes elementos:

a) En donde coexistan diversos pu3eblos indígenas, con diferentes culturas y situaciones geográficas, con distintos tipos de asentamiento y organización política, no cabría adoptar un criterio uniforme sobre las características de autonomía indígena a legislar.

b) Las modalidades concretas de autonomía deberán definirse con los propios indígenas.

c) Para determinar de manera flexible las modalidades concretas de libre determinación y autonomía en la que cada pueblo indígena encuentre mejor reflejada su situación y sus aspiraciones, deberán considerase diversos criterios: la vigencia de sus sistemas normativos internos y sus instituciones comunitarias; los grados de relación intercomunitaria, intermunicipal y estatal; la presencia y relación entre indígenas y no indígenas; el patrón de asentamiento poblacional y la situación geográfica, los grados de participación en las instancias de representación política y de niveles de gobierno, entre otros.

El Gobierno Federal se compromete, en el marco de pleno respeto republicano, a impulsar que los Gobiernos y las legislaturas de los estados de la República consideren, entre otros, estos elementos como criterios en la legislación para construir las características de libre determinación y autonomía indígena.

CONCLUSION

1. El conflicto que se inició el 1º de enero de 1994 en Chiapas, produjo en la sociedad mexicana el sentimiento de que es necesaria una nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas del país.

2. El Gobierno Federal asume el compromiso de construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat; uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de producción tradicionales; derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo.

3. La nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas se basa en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad, y en la aceptación de sus particularidades como elementos básicos consustanciales a nuestro orden jurídico, basado en la pluriculturalidad.

La nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano debe garantizar inclusión, diálogo permanente y consensos para el desarrollo en torsos sus aspectos. No serán, ni la unilateralidad ni la subestimación sobre las capacidades indígenas para construir su futuro, las que definan las políticas del Estado. Todo lo contrario, serán los indígenas quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus derechos, decidan los medios y formas en que habrán de conducir sus propios procesos de transformación.

(Tomado textualmente de los Acuerdos firmados el 16 de febrero de 1996)

Gustavo Castro
CIEPAC, A.C.


Fuente http://www.ciepac.org/bulletins/oldboletins/bolec95.htm