Documentación histórica

Los Acuerdos de San Andrés: entre la paz y la guerra. (1998)

Problemas del Desarrollo
País/Country: México
Publicación del Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México
Autor/Author: Ana Esther Ceceña Martorella*
Número/Number: 112
Frecuencia/Frequency: Trimestral/Quarterly
Fecha/Date: 01/01/98


La guerra que inicia con el levantamiento zapatista el primero de enero de 1994 tiene raíces profundas y emerge de la impunidad creciente con la que el gran capital intenta determinar y someter todos los espacios de la vida y la reproducción en el planeta.

La voz que los más pequeños, los indígenas de Chiapas, lan- zan al mundo encuentra miles de oídos receptivos porque expresa un alarido de alerta, un llamado de emergencia contra la despo- sesión total y absoluta, contra la negación de la humanidad de ser promovida impunemente por las fuerzas de la modernidad.

El llamado zapatista permite descubrir, o confirmar, la unidad de lo diverso en el universo social contemporáneo. Las minorías expulsadas del poder, de los espacios de decisión, de los beneficios del progreso, estaban dispersas por todo el mundo pero en conjunto se convertían en una mayoría potencial, amenazante y prometedora.

Se reabrió la esperanza y con ella la posibilidad de construir utopías. El zapatismo se erigió como espacio de confluencia, de tránsito y construcción del sujeto colectivo mundial. Los encuentros se multiplicaron, no sin contradicciones, y los imaginarios empezaron vertiginosamente a tejer pasadizos que trabajan en un entramado articulador de voluntades creadas por una misma pero variada situación de opresión.

Esta esperanza creció cuando la participación colectiva detuvo la lucha armada y contribuyó a generar espacios de debate y decisión que constituyeron una respuesta alentadora a todas las formas de resistencia que consideraban insuficientes o inadecuadas las estructuras institucionales. El diálogo nacional se trasladó a San Andrés y una parte del debate internacional empezó a girar en torno a éste. La sociedad fue convocada a hablar, no a acatar, y San Andrés se convirtió en paradigma de una auténtica transformación democrática en la que todos ganan porque ninguno sale ganando. Sin imposiciones, con paciencia y, sobre todo, con un gran sentido de responsabilidad, la sociedad mexicana se reunió en San Andrés para participar en lo que sería el primer paso de su refundación.

San Andrés constituye, antes que nada, la primera ocasión en 500 años en que los pueblos indígenas participan como parte consciente de la nación mexicana. En ese sentido, tiene un carácter histórico invaluable y es un aporte definitivo a la democracia en el mundo, que es impensable si no se inicia con un respetuoso reconocimiento de todos los que, evidentemente diferentes, forman parte de la población mundial.

San Andrés tiene una trascendencia sustancial en muchos sentidos: es un proceso de negociación de la paz que se convierte en debate sobre la Nación, y sobre el concepto mismo de Nación y sus limitaciones, por la diversidad, representatividad y autenticidad de sus participantes; las decisiones se asumen como acuerdo y compromiso colectivo entre las distintas partes que componen la Nación y con ello la sociedad se coloca por encima del tradicional autoritarismo oficial con la aceptación de los representantes gubernamentales; tanto en el proceso como en los contenidos se reconoce la capacidad de los pueblos indígenas, en igualdad de circunstancias con el resto de los que componemos la Nación, a ejercer y exigir sus derechos ciudadanos; y, finalmente, San Andrés es un compromiso colectivo por la construcción de la paz y de todas las condiciones que la garanticen, es decir, es un compromiso por prevenir los conflictos sociales mediante la atención oportuna de sus posibles detonadores, a través del procedimiento democrático probado y validado en la mesa de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.

Siendo un logro tan importante, sin embargo, el compro- miso establecido en San Andrés nunca se lleva a la práctica. El gobierno mexicano promueve un desmantelamiento paulatino a través de la confusión y fuertes campañas de desprestigio de los contenidos de los Acuerdos, de los actores, de las instancias de mediación y coadyuvancia e incluso del diálogo como recurso para dirimir los conflictos.

Se acota la práctica partidista como única esfera posible de participación en el juego político y en la definición de los destinos nacionales al tiempo que, por un lado, se emprenden una serie de acciones tendientes a desestabilizar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a pesar de estar dentro de la legalidad aceptada y, por otro, se inicia una campaña, que no ha hecho más que crecer, en contra de cualquier forma de organización no partidaria de la sociedad civil como pueden ser las defensoras de los derechos humanos, las mismas comunidades, etcétera.

La dificultad en que el amplio consenso logrado por San Andrés coloca al gobierno mexicano plantea, primero que nada, un problema de legitimidad. El proyecto económico salinista de incorporación al progreso mediante el sometimiento irrestricto a los intereses hegemónicos de la región norteamericana y del gran capital trasnacional que tiene en ella su asiento implica una confrontación muy violenta con las tradiciones históricas, necesidades y convicciones del pueblo de México. Igualmente, un proyecto autoritario y excluyente como es el del gran capital, es incapaz de construir espacios de legitimación en el terreno político y en el económico, y mucho menos en las zonas que han participado históricamente como determinadas.

La violencia que requiere la incorporación de los recursos humanos y naturales de México al mercado mundial impide desarrollar simultáneamente cualquier iniciativa de reconocimiento a las luchas democráticas o, cuando éstas son muy vigorosas, exige diseñar estrategias de desmantelamiento.

De ahí que la guerra, pero no la de las comunidades indígenas del primero de enero sino la guerra institucionalizada, vaya tomando el control de la situación y extendiendo sus tentáculos. El levantamiento zapatista ya demostró su vocación pacifista y su compromiso con el diálogo como vía de negociación; pero la guerra del capital cada día se manifiesta más como su único camino de imposición de un modelo que mientras más exitoso desde su punto de vista, más ilegítimo se vuelve para la población.

Dentro de este esquema, el gobierno mexicano, desaten- diendo el mandato de su población, desarrolla una estrategia de guerra que busca cancelar las expectativas democráticas abiertas en San Andrés mediante el incumplimiento de los Acuerdos, tácticas y acciones divisionistas en la escena política nacional, la penetración militar en el territorio indígena de Chiapas y muchas otras regiones del país, el fortalecimiento del descontrol y la impunidad para propiciar un ambiente gene- ralizado de represión y para promover la desestructuración de todas las formas de organización de la vida y de la acción política que se sustentan en vínculos comunitarios, y para inducir la muerte por asfixia de aquéllos que en los Acuerdos de San Andrés reconoce como interlocutores y como conciudadanos.

La primera forma concreta y operacional que asumen los Acuerdos de San Andrés es la llamada Ley Cocopa que es resultado no sólo del consenso de San Andrés sino de un consenso ratificado por las partes negociadoras y un conjunto muy amplio de actores sociales. El intento por invalidar todo el proceso de negociación para justificar la guerra y el incumplimiento del gobierno ha llevado a un desorden en el que el Legislativo es arrastrado a corresponsabilizarse, a través de los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), con una auténtica contrarreforma democrática.

La masacre de Acteal, en ese contexto, no sólo representa una deshonrosa entrada del gobierno de México y de quienes comparten y aplauden su estrategia en la historia universal de la infamia, sino que parece marcar el inicio de una escalada militar de gran envergadura para sofocar, que no resolver, un conflicto que no hará más que multiplicarse por todo el país y de una nueva etapa de lucha por conquistar la posibilidad de vivir con dignidad frente a un gobierno que el único espacio que pretende concederle a la dignidad es el de la muerte.

La dignidad y la convicción de que los seres humanos somos capaces de humanizar y decidir nuestra existencia y de encontrar formas colectivas de ejercicio de la democracia y construcción de la utopía; la rebelión de nuestro ser indígena y de nuestra resistencia ancestral dentro y fuera de nosotros; la conciencia de nuestra posibilidad de un futuro mejor construyendo un presente digno son mucho más fuertes, como es natural, que las fuerzas parapetadas detrás de tanques, aviones o cuernos de chivo.

La estrategia de la guerra del gobierno mexicano será derrotada por la estrategia de la razón y de la esperanza.

*Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc.) de la UNAM, y Directora de la Revista Chiapas


Fuente: http://ladb.unm.edu/econ/content/problemas/1998/january/acuerdos.html