Documentación histórica

Grupo 1: Democracia Política e Instituciones Públicas. Pronunciamiento. (1996)

Queremos señalar que los temas aquí abordados constituyen el marco general sobre el que debería avanzarse en aras de ir definiendo los temas de coincidencia, susceptibles de ser discutidos en la segunda fase -que por lo que hemos apreciado no son pocos- y constituyen una aportación sustantiva al diálogo político que se desarrolla a nivel nacional.

Nuestro país vive hoy tiempo de cambios profundos que impactan sus estructuras fundamentales. En la medida en que las necesidades, actividades y demandas de la sociedad mexicana se incrementa, y diversifican, se torna indispensable modificar tanto las normas jurídicas que las encauzan como las instituciones publicas encargadas de darles impulso y atención. En consecuencia, tanto el sistema legal como las instituciones del estado requieren un proceso de reformas que les permitan ajustarse a las nuevas circunstancias.

De aquí que nuestro proceso democratizador no pueda obedecer a ningún tipo de interés particular, ni tenga como objetivo obtener ventajas para uno u otro actor político, tanto su razón como su espíritu fundamentales obedecen a un compromiso con la sociedad mexicana, constituyendo su diseño e instrumentación una verdadera responsabilidad nacional.

Estamos involucrados en un proceso que busca generar el imprescindible equilibrio entre la dinámica social y el marco jurídico institucional, por ello, su realización tiene como condición un amplio diálogo nacional que se desarrolla en diversas instancias y foros y que se enmarca en una perspectiva integral de los problemas del país, la viabilidad de nuestro desarrollo como comunidad nacional depende de que seamos capaces de enfrentar los restos generados por la nueva situación social, demográfica, cultural, económica y política que hoy vive México.

El tejido social del país ha visto modificada su composición en todos los ordenes. Ellos obliga a procesar, a través de mecanismo concertados, la respuesta que como estado y sociedad nacional debemos dar a este desafío. El nuevo entorno social y económico, así como una vida política mucho mas vigorosa y diversificada que antaño, son los referentes esenciales de la evaluación política de México.

Como se ha expresado en varios de las intervenciones de este grupo de trabajo, la fortaleza de nuestro desarrollo integral como nación depende, en buena medida, de que seamos capaces de impulsar los cambios necesarios en materia de organización federalista, de la relación y funcionamiento de los poderes de la unión, de la reforma electoral que requerimos y de los nuevos cauces que demanda la participación ciudadana.

En lo que a federalismo se refiere, debemos decir que la tesis federalista concibe a la nación como un conjunto de colectividad plurales y diversas que se integran bajo un sentido amplio de unidad, pero que al mismo tiempo demandan un ámbito de interacción libre y soberanos para alcanzar su propio desarrollo. De aquí que el federalismo debamos concebirlo como la forma más acabada de descentralización política, pues al tiempo que implica una acción unitaria en el ejercicio del poder publico, permite el reconocimiento mutuo de los distintos ordenes de gobierno, y estable con claridad sus esferas de competencia. Por ello, un objetivo central en la renovación del federalismo mexicano consiste en el fortalecimiento municipal y en la vigorización de sus instituciones políticas y administrativas.

En cuanto al tema de división de poderes es factible señalar que la cuestión básica radica en alcanzar un nuevo equilibrio entre los mismos. Su independencia y autonomía puede ser entendida, en principio como la necesidad que cada uno de ellos posee para disponer libremente de recursos materiales y humanos que les permita ejercer a plenitud las atribuciones que el texto constitucional les confiere. Una nueva relación entre los poderes de la Unión significa que cada uno de ellos desarrolle cabalmente en las áreas de su competencia, sin menoscabo de alguno, significa, también, construir un auténtico esquema de pesos y contra pesos en el ejercicio de la autoridad pública.
La Delegación Gubernamental reivindica a la democracia representativa, consagrada en el texto constitucional, como la forma de organización política idónea para el pueblos de México. en el horizonte de la reforma del estado, en la cual esta de acuerdo la mayoría de los mexicanos, y a la que concurren los partidos políticos, importantes sectores de la sociedad civil y sus organizaciones, así como la opinión publica; y a cuyo impulso, el gobierno se ha comprometido. Esta delegación coincide en que el sistema representativo puede y debe perfeccionarse y complementarse. El estudio y la instrumentación de formas mas dinámicas que incluyan la pluralidad de nuevos actores presentes en la sociedad mexicana es una necesidad imperiosa.

Reivindicamos, asimismo, la norma y programa constitucional de la democracia mexicana que busca reconciliar y equilibrar las libertades fundamentales con el mejoramiento integral de las condiciones de vida de los mexicanos.
En materia electoral, es evidente que aún existen puntos de controversia y de litigio que disminuye la credibilidad de los procesos electorales. De aquí que en el actual momento político del país requieren ser tratados temas tales como los de la equidad en la competencia electoral, el sistema de financiamiento, los topes a los gastos de campaña, el acceso equitativo a los medios de comunicación, así como la integración de organismo electorales autónomos y el profesionalismo de sus funcionarios.

Dada la importancia creciente de la participación ciudadana en la vida política, es evidente que, junto a la actualización de las normas y procedimientos electorales, se deberán estudiar los mecanismo idóneos para darle a esta participación un peso específico en la toma de las decisiones nacionales.

Sin duda, el cambio en los capítulos arriba referidos sólo podrá darse sobre la base de una cultura política de las corresponsabilidad y de la tolerancia. Que sea respetuosa de las diferencias y que sea capaz de contrastar productivamente las diversas propuestas en trono al presente y futuro de México.

También importa a esta delegación dejar sentado con claridad y con absoluta buena fe, su posición frente a una serie de cuestiones planteadas en el grupo de trabajo.

1. Reivindicamos la vía pacífica y legal como el único método fructífero de la política hacia un desarrollo social justo y una plena democracia. Señalamos, de nueva cuenta, nuestro beneplácito por la decisión del EZLN de avanzar hacia su transformación en una organización política, pacífica y legal.

2. Asumimos el carácter político-militar del conflicto. Por lo que toda discusión relativa a la presencia del ejercito mexicano en la zona debe articularse en el tema de la distensión y el desarme; asunto sobre el cual la delegación del gobierno federal manifiesta su disposición a discutirlo en el momento en el que el EZLN acepte hacerlo.
3. Pensamos que en el ámbito de los trabajos de este grupo sobre democracia política e instituciones publicas se dieron las condiciones que garantizaron y promovieron que los asesores e invitados del EZLN participaran en el debate nacional sobre la reforma del estado, respetando, como es obligación y responsabilidad del gobierno, las otras instancias del debate dotadas de representatividad y legitimidad institucional, como con los partidos políticos y el congreso de la Unión.

Queremos reconocer, finalmente, los valiosos aportes de muchos de los expositores en este grupo de trabajo. Tanto su buena fe como sus propuestas específicas representan una valiosa contribución para avanzar en el proceso de diálogo y para construir firmemente la paz justa y digna que todos deseamos para Chiapas y México.
Delegación del Gobierno Federal.


Fuente: Archivo Histórico de la CONAI. Documento 6032318