Documentación histórica

Material de estudio para la Consulta Nacional sobre la Iniciativa de Ley Indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación y por el fin de la Guerra de Exterminio. (1998)

Que explica cómo el gobierno incumple los Acuerdos de San Andrés y promueve la guerra en el país.

El 16 de febrero de 1996 se firmaron los primeros de una serie de acuerdos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal, en el marco del proceso de diálogo para lograr un "Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad", mismo que incluiría, entre otros, los temas de Derechos y Cultura Indígenas, Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo y Derechos de la Mujer, además de la distensión integral en la zona de conflicto, la conciliación entre los distintos sectores de la sociedad chiapaneca y la participación política y social del EZLN. El primer tema, Derechos y Cultura Indígena sería el tema de la Mesa I y así se seguiría, terminando éste, con cada uno de los temas acordados.

Dichos acuerdos fueron firmados en la población chiapaneca de San Andrés Sacamch´en (que significa de los pobres), ubicada en la zona de los altos de Chiapas, cerca de San Cristóbal de las Casas. Por eso se les conoce como los Acuerdos de San Andrés. El propósito central de estos acuerdos es terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios.

Al concluir la primera mesa de trabajo "Derechos y Cultura Indígenas", el EZLN y el Gobierno Federal acordaron tres documentos que como tales se integrarían al Acuerdo Global, que sería alcanzado después de terminar todas las mesas de trabajo con los diversos temas del diálogo.

Estos primeros acuerdos constan de 4 documentos que contienen compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con los zapatistas para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. Estas propuestas conjuntas, se enviarían al Congreso de la Unión para que se convirtieran en Reformas Constitucionales. Es decir, el gobierno se comprometió a consultar con el EZLN su propuesta de reformas, por eso se habla de propuestas conjuntas.

Después de seis meses en los que el gobierno no cumplió con su compromiso de mandar estas iniciativas al Congreso para que se empezaran a convertir en leyes, y de que el gobierno seguía con el hostigamiento policiaco, militar y paramilitar contra las comunidades indígenas, además de saboteando la mesa II de trabajo, Democracia y Justicia, las comunidades indígenas que forman el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, decidieron que no tenía caso seguir simulando un diálogo y que por lo tanto se levantaban de la mesa de diálogo hasta que el gobierno cumpliera con los firmado en la Mesa I.

El 29 de noviembre de 1996, la Cocopa, que significa Comisión de Concordia y Pacificación y que está formada por diputados y senadores de todos los partidos políticos, en un intento por lograr que el diálogo de paz pudiera continuar, elaboró una iniciativa del ley sobre derechos y Cultura Indígenas basada en los acuerdos firmados entre el gobierno y los zapatistas. Entonces los zapatistas aceptaron esta iniciativa de ley pero el gobierno no la quiso aceptar y además tampoco quiso aceptar mucho de lo que había firmado anteriormente, y propuso varias observaciones a la iniciativa de ley presentada por la Cocopa, observaciones que en realidad negaban los acuerdos principales acordados con los zapatistas casi un año antes. Ni la Cocopa ni los zapatistas aceptaron esta trampa del gobierno, por lo que el diálogo siguió estancado y mientras tanto el gobierno continuó agrediendo a las comunidades indígenas, ya no solo en Chiapas sino en el país entero.

En marzo de 1998, más de dos años después de firmados los primeros acuerdos, el gobierno siguió incumpliéndolos y mandó unilateralmente, es decir, sin consultar a los zapatistas como era el acuerdo, una iniciativa del ley que en el fondo iba contra lo que había acordado y firmado en la Mesa sobre derechos y Cultura Indígenas. En respuesta a esta nueva ofensiva por parte del gobierno para no cumplir con lo que había acordado, ofensiva a la que también se sumó en un primer momento el PAN y el Partido Verde que también mandaron sus propias iniciativas sobre Derechos y Cultura Indígenas al Congreso, la sociedad civil y diversas organizaciones políticas y sociales, así como el PRD, se movilizaron y lograron impedir que el Congreso siguiera adelante con esta farsa y legislara sobre el tema indígena sin tomar en cuenta lo que se había logrado en San Andrés.

Entonces, en julio de 1998, el EZLN, en su V Declaración de la selva Lacandona, recordó que los Acuerdos de San Andrés no habían sido producto de la voluntad de los zapatistas ni nacieron solos, sino que representantes de todos los pueblos indios de México los había logrado junto con los propios zapatistas. Ahí también dijo el EZLN: "Nosotros cumplimos nuestra palabra de buscar la solución pacífica. Pero el supremo gobierno faltó a su palabra e incumplió el primer acuerdo fundamental al que habíamos llegado: el reconocimiento de los derechos indígenas." Y también agrega: "Vimos que esa propuesta (la de Zedillo) nos quiere romper en pedazos, nos quiere quitar nuestra historia, nos quiere borrar la memoria, y olvida la voluntad de todos los pueblos indios que se hizo colectiva en San Andrés. Vimos que esa propuesta trae la división y la ruptura de la mano, destruye puentes y borra esperanzas". "Una ley indígena nacional debe responder a las esperanzas de los pueblos indios de todo el país. En San Andrés estuvieron representados los indígenas de México y no sólo los zapatistas. Los acuerdos firmados lo son con todos los pueblos indios, y no sólo con los zapatistas. Para nosotros, y para millones de indígenas mexicanos, una ley que no cumpla con San Andrés es sólo una simulación, es una puerta a la guerra y un precedente para rebeliones indígenas que, en el futuro, vendrán a cobrar la factura que la historia presenta regularmente a las mentiras".

Y en esa V Declaración, los zapatistas dicen: "Hoy, con el corazón indígena que es digna raíz de la nación mexicana y habiendo escuchado ya todos la voz de muerte que viene en la guerra del gobierno, llamamos al pueblo de México y a los hombres y mujeres de todo el planeta a unir con nosotros sus pasos y sus fuerzas en esta etapa de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia, a través de esta Quinta Declaración de la Selva Lacandona en la que llamamos a todos los hombres y mujeres honestos a luchar por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio." Y precisamente, como parte de esta lucha pacífica y nacional, el EZLN convocó a la Consulta Nacional sobre la Iniciativa de Ley Indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación y por el Fin de la Guerra de Exterminio.

Y es por ello que, respondiendo a este llamado del EZLN, en el afán de irnos preparando para la consulta a la que convocaron, en este cuadernito presentamos un resumen de cuáles son los temas que consideramos más importantes y en los que el gobierno rompe con lo que había ya firmado y los comparamos con lo que dice la iniciativa de ley de la Cocopa, que es la que aceptaron los zapatistas por ser la que más se acerca a los acuerdos firmados en la primera mesa de trabajo de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas.

Iniciativa del Ejecutivo Federal en comparación con la iniciativa de la Cocopa

Sobre el tema de la Autonomía

Ejecutivo federal

En su propuesta, la autonomía queda reducida a las comunidades indígenas, sin definir éstas ni concederles entidad jurídica propia, es decir, no se les reconoce como sujetos con derechos colectivos y por lo tanto con facultades para realmente ejercer su autonomía como pueblos indios. No considera al pueblo mije o totonaca, por ejemplo, sino nada más a una comunidad de los mijes o de los totonacas y por lo tanto, para esta propuesta, la autonomía en realidad queda en el aire, sin posibilidad de hacerse realidad.

Cocopa

El concepto de autonomía acordado en San Andrés y recogido por la Cocopa se refiere a pueblos indios, los cuales pueden abarcar a varias comunidades y municipios indígenas. Un pueblo indio, por ejemplo, son los mijes o los tojolabales o los tarahumaras y no alguna comunidad mije o tojolabal, como dice el gobierno. Al reconocerlos como pueblos se les está reconociendo también como los pobladores originales de México, los que estaban antes de los españoles, y por lo tanto se reconoce también que la Nación mexicana está compuesta pluriétnica y pluriculturalmente, teniéndose así que respetar los derechos y la cultura de cada uno de estos pueblos. Así, todos estos pueblos son mexicanos, pero con cultura, lengua, tradiciones, formas de convivencia social, etc. propias.

Reconocimiento de derechos

Ejecutivo Federal

Los derechos que reconoce para los indígenas, los concibe como otorgados por la voluntad del Poder Legislativo. Es decir, son derechos que "otorga" la Constitución. Esto quiere decir que al fin y al cabo, será la voluntad de los diputados y los senadores la que les otorgue a los pueblos indios sus derechos. Pero en realidad, los derechos de los pueblos indios existen aunque los diputados y senadores tengan o no la voluntad de reconocerlos.

Cocopa

Dice que los derechos son reconocidos por la Constitución, no otorgados por la voluntad de nadie. Más allá de la voluntad o no que puedan tener los diputados y senadores para otorgarle los derechos a los pueblos indios, como dice la iniciativa de Zedillo, la Constitución reconoce a los pueblos indios como los originarios de esta tierra y por lo tanto como fundamento de la Nación, reconociendo así que estos pueblos tienen derechos.

Sistemas normativos indígenas (procedimientos, juicios y decisiones jurídicas)

Ejecutivo Federal

Dice que los sistemas normativos de los indígenas son convalidables por las autoridades juridiccionales del Estado, es decir, los subordina a la voluntad discrecional de autoridades estatales y municipales. Así, supuestamente reconoce los sistemas normativos indígenas, pero los supedita a la convalidación por las leyes existentes y no admite por lo tanto que tengan su propias formas para regular la convivencia social.. Es decir, los deja a discreción de cualquier juez o ministerio público local o federal. Por ejemplo, aunque una comunidad tiene sus propias autoridades y jueces y por lo tanto hay un acuerdo colectivo de cómo solucionar los problemas que se les presenten, con la iniciativa de Zedillo nada de eso vale y quien decide qué hacer son los jueces, ministerios públicos y policías locales que la mayoría de las veces no saben nada de la propia comunidad y sus acuerdos.

Cocopa

Su iniciativa habla de que los sistemas normativos serán convalidados por las autoridades y leyes vigentes, siendo así que los pueblos indios determinan su ámbito de juridicción (juicios y decisiones) de acuerdo con su autonomía, es decir, sin tener que ponerlo a aprobación (convalidable) del Estado. Los jueces, ministerios públicos y policías locales y federales no pueden estar metiéndose a las comunidades ni pasando por encima de los acuerdos de las mismas.

Recursos naturales y territorio

Ejecutivo Federal

Restringe el uso y disfrute de los recursos naturales a las modalidades de propiedad que establece el artículo 27. Deja abierto, por tanto, que dicho uso y disfrute sea en beneficio de propietarios privados. También, como suprime el concepto de territorio indígena en relación con los recursos naturales, elimina el ámbito en que un pueblo podría utilizar colectivamente esos recursos. Su propuesta aparenta la creación de derechos indígenas donde la legislación mexicana hoy vigente ya concede esos derechos a cualquier ciudadano, es decir, promueve una reforma constitucional para "otorgar" a los indígenas lo que ya les corresponde por derecho. Así, seguirá pasando lo que hasta hoy día, que cualquier empresa o persona que tenga relaciones con el gobierno, se puede meter a los territorios que habitan los pueblos indios y saquear sus riquezas naturales, sin dejar nada a la comunidad y además con un gran deterioro ecológico.

Cocopa

Establece el derecho de los pueblos indígenas "al uso sostenible y a todos los beneficios derivados del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera", además de que pueden "acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la Nación". Con esto, los pueblos indios pueden decidir como explotar mejor los recursos naturales, como los bosques, en beneficio de toda la comunidad y sin dañar a la ecología.

Comunicación

Ejecutivo Federal

En realidad deja en la incertidumbre tanto la dotación como la promulgación de una nueva ley que dote a los pueblos indios de medios de comunicación y garantice su uso y operación, como estaba establecido en los Acuerdos de San Andrés. La propuesta de la Cocopa tampoco dice nada en concreto para lograr que los pueblos indios tengan sus propios medios de comunicación.

Educación

Ejecutivo Federal

Propone que el Ejecutivo Federal consultará a las comunidades indígenas para determinar los programas educativos de las regiones indígenas. Con esto en realidad no cambiará nada, pues ya sabemos todos como consulta el gobierno a los pueblos indios y en realidad a todos los mexicanos.

Cocopa

Dice casi lo mismo que la iniciativa de Zedillo, sólo que agrega que además de las autoridades federales, también las estatales y municipales serán las que en consulta con los pueblos y comunidades desarrollarán los programas educativos.

Vale decir que en los Acuerdos de San Andrés se había firmado que "El Estado deberá respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural". Es decir, no hablaba de que ninguna autoridad federal, estatal, o municipal consultara a los pueblos indios, sino que los propios pueblos indios decidían todo lo que tenía que ver su educación sin depender de nadie del gobierno.

Programas de desarrollo

Ejecutivo Federal

La planeación e implementación de los programas de desarrollo se harán "tomando en cuenta a las comunidades y pueblos indios" y además agrega que "promoverá la igualdad de oportunidades a fin de que los pueblos indígenas, a partir de su propio esfuerzo, tengan acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional. Una burla, pues ya sabemos cómo las autoridades toman en cuenta a los indígenas y a los ciudadanos en general.

Cocopa

Dice también que el Estado tomará en cuenta a los pueblos indios.

En los Acuerdos de San Andrés, los pueblos indios tienen absoluta libertad para determinar sus propios programas de desarrollo, es decir, no sólo serán tomados en cuenta, sino que los decidirán, le guste o no al Estado.

Comunidades indígenas y municipios

Ejecutivo Federal

No reconoce los derechos colectivos de las comunidades y dice que se pueden asociar entre ellas para buscar solucionar lo que tenga que ver con aspectos económicos y sociales, nada de políticos y jurídicos. Es decir, varias comunidades se pueden asociar para ver si consiguen un crédito, pero no para escoger a sus autoridades municipales siguiendo sus usos y costumbres.

En cuanto a los municipios, el Ejecutivo pretende que los municipios con población mayoritariamente indígena se pueden coordinar y asociar para "promover su desarrollo" y para lograr una mayor eficacia "en la prestación de los servicios públicos que les corresponda".

Con respecto a nuevos municipios, dice que las legislaturas locales tomarán en cuenta la distribución de las comunidades indígenas y su opinión cuando se trate de crear nuevos municipios.

Así pues, el Ejecutivo vuelve a proponer una aparente reforma constitucional para crear un derecho constitucional ya existente, como lo es la libertad de asociación de los municipios. Y en el caso de los municipios mayoritariamente indígenas, además pretende restringirlo, al hablar solo de que pueden asociarse para cuestiones de desarrollo y prestación de servicios públicos. No hay nada nuevo pues y sí se deja fuera la posibilidad de que los municipios indígenas decidan por ellos mismos sin estar bajo el control de los gobiernos estatal y federal.

Cocopa

Concibe a las comunidades como entidades con derechos colectivos bien establecidos y les reconoce el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, y a la vez a los municipios a asociarse entre sí para coordinar sus acciones como pueblos indígenas, sin restricciones. Así, frente a algún problema político o social, todo el pueblo tzeltal u otomí, sin importar en que municipio se encuentren sus comunidades, podría resolver en colectivo qué hacer y no nada más una o varias comunidades tzeltales u otomíes por sí solas.

Habla de la posibilidad de remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, o sea, da una vía para constituir nuevos municipios mayoritariamente indígenas.

Así, la asociación entre municipios va más allá de cuestiones relacionadas con su desarrollo y a la prestación de servicios públicos, y se ve más bien como una manera de reconstituirse como pueblos indios, es decir, no importa si una comunidad mije, por ejemplo, está en un municipio y otra en otro, lo que importa es que las dos son partes del pueblo mije y como tal deciden su destino en colectivo, sea para decidir si reciben créditos o implementan proyectos de desarrollo, o sea para resolver su sistema educativo o un proyecto cultural.

Elección de autoridades

Ejecutivo Federal

No menciona para nada el derecho de los pueblos indios para elegir sus propias autoridades y formas de gobierno siguiendo sus sistemas normativos internos. Es decir, mantiene a los pueblos indios bajo el control de los gobiernos locales y federal y también bajo los partidos políticos, sin respetar las formas y costumbres que los pueblos indios tienen para elegir, vigilar y remover a sus autoridades.

Cocopa

Establece el "derecho a designar libremente a sus representantes, tanto comunitarios como en los órganos de gobierno municipal, y a sus autoridades como pueblos indígenas, de conformidad con las instituciones y tradiciones de cada pueblo". Es decir, no subordina a los pueblos indios a las formas de elección y de partidos políticos que nada tienen que ver con la cultura y tradición de esos pueblos.

Representación en los congresos estatales y federal

Ejecutivo federal y Cocopa

Ambas propuestas dejan de lado lo acordado en San Andrés en relación a la representación proporcional de los pueblos indígenas en los congresos, aunque ambas hablan de la necesidad de una nueva demarcación de los distritos electorales (uninominales dice el Ejecutivo y además plurinominales la Cocopa) en la que "deberá tomarse en cuenta la ubicación de las comunidades indígenas a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional".

Conclusiones

Como hemos visto, las propuestas de Zedillo tienen como fondo no reconocer en realidad a los pueblos indios. Al verlos solamente como comunidades indígenas, no está reconociendo ni su libre determinación ni su autonomía y los cambios que propone se reducen solamente al ámbito municipal. Así, en realidad, el Ejecutivo Federal no reconoce a los pueblos y comunidades indígenas ningún derecho que no esté ya consignado en la Constitución vigente. Sus propuestas sólo cambian algunas palabras en los artículos constitucionales vigentes, pero no logran modificar la situación racista en que se ha mantenido a los pueblos indios hasta hoy día.

Cuando los Acuerdos de San Andrés hablan de autonomía, de pueblos indios, de libre determinación, están buscando que se reconozca lo que hasta ahora se ha querido ocultar: que los pueblos indios, como pobladores originales de estas tierras, son mexicanos con una cultura propia y por lo tanto sus derechos políticos, económicos y sociales deben ser reconocidos en nuestras leyes como un primer paso en el largo camino para acabar con el racismo, la explotación y el olvido a que se les ha condenado durante más de 500 años.

Los Acuerdos de San Andrés reconocen a los pueblos indios y buscan cambios en las leyes para que estos pueblos tengan los mismos derechos y oportunidades que todos los mexicanos. La propuesta de Zedillo sigue simulando que reconoce a los pueblos indios, pero en realidad no propone ningún cambio de fondo que posibilite que estos pueblos puedan tomar legalmente el destino en sus manos. Por lo tanto, los sigue condenando al racismo, la explotación y el olvido.

Como bien lo dicen los propios zapatistas en su V Declaración: "Una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas no debe ser unilateral, debe incorporar los Acuerdos de San Andrés y reconocer así los aspectos fundamentales de las demandas de los pueblos indios: autonomía, territorialidad, pueblos indios, sistemas normativos. En los Acuerdos se reconoce el derecho a la autonomía indígena y el territorio, conforme al convenio 169 de la OIT, firmado por el Senado de la República. Ninguna legislación que pretenda encoger a los pueblos indios al limitar sus derechos a las comunidades, promoviendo así la fragmentación y la dispersión que hagan posible su aniquilamiento, podrá asegurar la paz y la inclusión en la Nación de los más primeros de los mexicanos. Cualquier reforma que pretenda romper los lazos de solidaridad históricos y culturales que hay entre los indígenas, está condenada al fracaso y es, simplemente, una injusticia y una negación histórica.

"Aunque no incorpora todos los Acuerdos de San Andrés (una prueba más de que no fuimos intransigentes, aceptamos la labor de la coadyuvancia y la respetamos), la iniciativa de ley elaborada por la Comisón de Concordia y Pacificación es una propuesta de ley que nace del proceso de negociación y, por tanto, está en el espíritu de darle continuidad y razón de ser al diálogo, es una base firme que puede abrir la solución pacífica del conflicto, se convierte en una importante ayuda para anular la guerra y preceder a la paz. La llamada "ley Cocopa" se elabora sobre la base de lo que produjeron los pueblos indios desde abajo, reconoce un problema y sienta las bases para solucionarlo, refleja otra forma de hacer política, la que aspira a hacerse democrática, responde a una demanda nacional de paz, une a sectores sociales y permite seguir adelante en la agenda de los grandes problemas nacionales. Por eso hoy ratificamos que apoyamos la iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación y demandamos que se eleve a rango constitucional". (EZLN, V Declaración de la Selva Lacandona)

Frente Zapatista de Liberación Nacional
México, octubre de 1998


Este cuaderno fue elaborado a partir de varios textos de asesores del EZLN en la Mesa I sobre Derechos y Cultura Indígenas, entre ellos y como base para la parte comparativa de las iniciativas de ley, el documento de la Red Ciudadana de Apoyo a la Causa Zapatista, titulado La Propuesta del Ejecutivo frente a los Acuerdos de San Andrés. Por supuesto, las afirmaciones e interpretaciones en este cuaderno expresadas, son responsabilidad del FZLN.


http://www.geocities.com/Athens/Troy/8864/ezln/consulta_nacional/material_de_estudio.htm